Martxelo Diaz
Aktualitateko erredaktorea / redactor de actualidad

Productores ecológicos denuncian que el Gobierno navarro quiere privatizar la certificación

Los productores ecológicos han denunciado que el nuevo decreto del Gobierno navarro abre las puertas a la privatización de la certificación, una labor que desde 1999 ha realizado el Consejo de Producción Agraria Ecológica (Cpaen).

Concentración de productores ecológicos ante el Departamento de Desarrollo Rural.
Concentración de productores ecológicos ante el Departamento de Desarrollo Rural. (@MartxeloDiaz)

Productores ecológicos se han concentrado este martes ante la sede del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno navarro para denunciar que el decreto que está elaborando abre la puerta a la privatización de la certificación que actualmente es responsabilidad del Cpaen, el Consejo de Producción Agraria Ecológica de Nafarroa.

La movilización ha contado con el apoyo de Geltoki, Ekoalde, Hazialdeko, EHKO, Landare, ELA, LAB, Steilas, Etxalde, Sustrai Erakuntza, Greenpeace, Ekologistak Martxan, REAS, Intereco, SEAE, los consejos de producción ecológica de la CAV, País Valencià y Balears y Ecocomedores de Canarias.

Según han explicado en la concentración, el decreto foral que les presentó Desarrollo Rural y Medio Ambiente elimina la atribución de Cpaen como única autoridad de control pública de la producción ecológica. Desde que se creó este organismo en 1999 ha realizado más de 800 inspecciones a operadoras y ha trabajado en la promoción y la estructuración del sector «para conseguir un sistema alimentario local, sostenible y saludable».

Destacan que esta función debe ser realizada por una entidad sin ánimo de lucro, con criterios objetivos y de carácter público. «La experiencia y los buenos resultados de todos estos años nos avalan para seguir siendo la única autoridad de control pública», han proclamado.

Frente a ello, critican que el decreto «abra la puerta a la privatización de la certificación» y destacan que el Gobierno navarro ha tomado la dirección contraria a la que se ha adoptado en Aragón, donde tras años de convivencia entre certificación privada y pública se ha apostado por blindar la pública.

«La producción ecológica es un bien público que contribuye a la protección del medio ambiente y al desarrollo rural y lo tenemos que defender como tal», han añadido.

Asimismo, han criticado que el decreto vacía de funciones al Cpaen, eliminando tareas como el asesoramiento o la formación.

No es una exigencia europea

Los productores ecológicos destacan que el decreto no responde a ninguna exigencia europea, «sino que son restricciones que el Gobierno está ejerciendo contra la voluntad de Cpaen». Reconocen que tras más de veinte años «es evidente» que hay que actualizar el decreto que rige la actividad de Cpaen, que se remonta a 1999, ya que en este periodo se han registrado cambios en la normativa europea.

«Lo que no nos parece lícito es aprovechar dicha actualización para realizar cambios que abran la puerta a la privatización de la certificación y el control de la producción ecológica», destacan. En la asamblea general de Cpaen celebrada el pasado 11 de noviembre se apostó por la continuidad del organismo como única autoridad de control en Nafarroa, manteniendo además todas sus funciones.

Junto a ello, los productores ecológicos denuncian que el Gobierno navarro «ni ha consensuado ni trabajado» con Cpaen la redacción del decreto, por lo que consideran que «no nos representa».

Consideran que en Nafarroa hay mucho trabajo que hacer para impulsar la agricultora ecológica. La estrategia europea De la Granja a la Mesa se ha marcado como objetivo que para 2030 el 25% de las tierras ecológicas estén certificadas. En Nafarroa, actualmente, ese porcentaje es del 7,5%.

«Queda mucho por hacer, por lo que pedimos un decreto que sea la herramienta para poder llegar a los objetivos y que apoye la transición hacia sistemas alimentarios justos, saludables y sostenibles», reclaman, por lo que solicitan la paralización del decreto y que se elabore uno nuevo consensuado con el sector.