La Fiscalía ha mantenido su solicitud de 30 años de cárcel para Carmen Gisasola, Oskar Abad y José Ramón Martínez por la muerte de un agente de la Policía española en Galdakao en 1990, un atentado que la Audiencia Nacional ha vuelto a juzgar tras anular el Tribunal Supremo la sentencia que les absolvió por prescripción de los hechos.

El Supremo estableció entonces que la Audiencia Nacional cometió un error al calcular la prescripción de los hechos y anuló la absolución de Gisasola, Abad y Martínez, que se han vuelto a sentar en el banquillo de los acusados esta semana. El juicio ha quedado visto para sentencia este miércoles, después de que los tres hayan rechazado hacer uso de su derecho a la última palabra.

Durante la jornada de hoy, el fiscal Marcelo Azcárraga ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha defendido que existe material probatorio «bastante» para desvirtuar el principio de presunción de inocencia de los tres acusados y que el tribunal dicte una sentencia condenatoria por un delito de «asesinato con finalidad terrorista».

Ha descartado la petición de varias defensas de aplicar a este caso la ‘doctrina Atristain’, con la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por vulnerar el derecho de Xabier Atristain a tener un juicio justo al no haberle permitido elegir a su abogado cuando estaba detenido en régimen de incomunicación.

Las defensas han discrepado del fiscal al aseverar que no hay indicios suficientes para sustentar una condena. Mientras los abogados de Abad y Martínez han profundizado en la vulneración de derechos que consideran que han sufrido sus defendidos durante el proceso, el de Gisasola ha asumido que el delito que se enjuicia es «execrable», pero ha defendido que las «sentencias se deben dictar con conocimiento de que la persona acusada es merecedora de reproche del Estado», algo que en su opinión no se produce.

Gisasola, Abad y Martínez se encuentran actualmente en libertad. La primera estuvo 24 años encarcelada y se acogió a la denominada «vía Nanclares», mientras que los basauriarras Martínez y Abad recobraron la libertad en 2009 y 2012, tras 18 y 21 años de prisión, respectivamente.