Llueve sobre mojado en la cuestión de las empresas petroleras en el Estado español. EH Bildu ha llevado este miércoles al Congreso las últimas noticias al respecto; entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) registró sedes de Repsol, Cepsa y BP en una investigación abierta para detectar si han incurrido en prácticas anticompetitivas. Oskar Matute ha detallado sus beneficios y reclamado al Gobierno español más implicación para impedir el lucro, más aún si es fraudulento puesto que «hay muchos precedentes de malas praxis».

Los detalles de beneficios acumulados en este 2022, en plena crisis de Ucrania y con la inflación desbocada, son elocuentes. Matute ha apuntado que entre enero y octubre Repsol ha ganado 3.222 millones de euros, «un 66% más de beneficio que en el mismo periodo del año anterior», y en el caso de Cepsa han sido 982, «97% más». «¿No le parece que ya han ganado suficiente?», ha espetado a la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño.

«Alguien decía aquí, en otra pregunta, que con el Gobierno Sánchez solo prosperan los delincuentes… pues estas empresas han prosperado mucho», ha dejado caer el parlamentario vasco.

Matute le ha sumado dos agravantes. Por un lado, estas grandes petroleras «controlan ya el 60% de las gasolineras a través de gestión directa o indirecta mediante filiales». Y por otro, estas empresas «tendrían que temer a una inspección, pero si atendemos al largo historial de pequeñas y grandes multas condonadas, ese miedo será relativo». Ha enumerado aquí varios casos de sanciones perdonadas y el episodio más sangrante de julio pasado, cuando el Supremo anuló una multa de 20 millones a Repsol y otra de 10 a Cepsa por «caducidad del procedimiento».

Calviño, «de acuerdo»

La ministra Calviño ha venido a dar la razón a los argumentos de Matute, pero al mismo tiempo ha defendido que el Gobierno español está muy implicado en esta lucha. Frente a las afirmaciones del parlamentario de EH Bildu («hacen falta más recursos para la CNMC y memos mimos a estas empresas»), la vicepresidenta económica española ha alegado que «estoy totalmente de acuerdo con usted, hay que investigar hasta las últimas consecuencias y las multas tienen que ser desincentivadoras. Necesitamos un régimen sancionador firme».

«Son abusos que dañan al conjunto de la ciudadanía -admite Nadia Calviño–. Ahora se pone en marcha una investigación y apoyaremos las medidas que toma la CNMC. Con esto queda clara la determinación del Gobierno en este momento tan delicado para muchas familias».