A lo largo de las últimas décadas, el Tribunal Constitucional ha adoptado numerosas decisiones más que legalmente cuestionables, refrendadas por eso que se llama «razón de Estado». Lo ha hecho contra el independentismo vasco, contra Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, presidente y miembros de la Mesa del Parlamento Vasco, y contra cargos de la Generalitat catalana y el Parlament. El PSOE estaba en todos esos casos en el bando beneficiado.

Y parece que esta vez no quiso ver venir la decisión que finalmente adoptó el lunes por la noche el Tribunal Constitucional. Creían que no se iban a atrever a adoptar la medida cautelarísima de suspender la tramitación en el Senado. Que la decisión vendría a posteriori. Eso se comenta al menos en algunos círculos del Congreso. Pero ya lo dijo José María Aznar desde Turquía en 1998 cuando cerró Egin: «¿Acaso pensaban que no nos íbamos a atrever?». Y claro que se atrevieron, e hicieron sufrir a mucha gente, pero nada de aquello les acabó de salir bien. Cerraron un periódico y al día siguiente había otro en el quiosco, y lo mismo ocurrió con Egunkaria. Ilegalizaron siglas y tienen ahora otras siendo determinantes en el Congreso de los Diputados y en todo Hego Euskal Herria.

Esa puede ser una lección para este momento.

El Tribunal Constitucional suspendió la tramitación de una proposición de ley aprobada en el Congreso, que debía seguir su tramitación en el Senado y que buscaba su necesaria renovación.

Desde que se conoció el auto la noche del lunes, la presidenta del Congreso, el del Senado y el del Gobierno, fueron haciendo declaraciones institucionales, criticando la decisión con palabras muy rimbombantes y anunciando medidas que no acababan de concretar. El PSOE estuvo unas horas en shock. Le tuvieron que señalar el camino a seguir.

Una proposición de ley

En su discurso desde la Moncloa, Pedro Sánchez anunció que «el Gobierno adoptará las medidas que sean precisas para poner fin al bloqueo en el Constitucional». Pero finalmente la salida se buscará de nuevo con una vía que parte de los grupos del Congreso.

Según fuentes parlamentarias consultadas por este diario, la idea es presentar una proposición de ley que recoja el contenido de las enmiendas que el Tribunal Constitucional ha obligado a retirar. Se está trabajando en su redacción y se confía en registrarla esta misma semana y poder aprobarla durante el mes de enero.

Queda por ver si el PSOE se atreve a ir también un poco más allá, como le demandan, entre otros, sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, y encaran de una vez también la reforma de la fórmula de elección del Consejo General del Poder Judicial, visto que el acuerdo con el PP es imposible y para muchos indeseables.

Revertir el auto

Durante toda la jornada de ayer se sucedieron las reacciones al auto del TC. Desde la mayoría de la investidura, para reclamar una acción conjunta con el fin de revertir una decisión que califican de «atropello». La derecha festejó la decisión de los suyos, aunque Vox, quizá por sentirse algo desplazado por el PP, quiso forzar la nota y Santiago Abascal anunció una querella ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez por «conspiración para delinquir».

Desde los partidos vascos, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, acusó al TC de «invadir la inviolabilidad» de las Cortes, pero, según informa Europa Press, pidió «calma» al considerar que finalmente la reforma judicial se hará, aunque desconoce «qué otra artimaña puede surgir» desde la derecha española para obstaculizarla.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, sostuvo que, ante el «golpe judicial contra la representación legítima emanada de las urnas», tiene que haber ahora una respuesta «rápida y conjunta» de la mayoría parlamentaria plurinacional, la cual tiene que ser encaminada por el Gobierno de Sánchez.

«Espero –declaró– que todas las fuerzas políticas estén a la altura del órdago» lanzado por una derecha política y judicial que «se sitúa fuera de los parámetros democráticos». Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, pidió también «calma» para articular la respuesta, y advirtió de que lo hecho por el Tribunal Constitucional «es grave pero no es la primera vez que pasa, y no será la última. Es subsanable con una proposición de ley del tema exclusivamente».