«En acatamiento del auto del 21 de diciembre de 2022 del Tribunal Constitucional, desestimando la solicitud planteada por el Senado de alzamiento de la medida cautelar de suspensión, acordada por ese mismo tribunal el 19 de diciembre de 2022 en contra del criterio de la fiscalía de ese alto tribunal, y habiendo sido anunciados los votos particulares de los magistrados don Juan Antonio Xiol Ríos, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, doña María Luisa Balaguer Callejón y doña Inmaculada Montalbán Huertas, informo a sus señorías que procedemos al debate y posterior votación» de las reformas planteadas «con las restricciones establecidas por dicha resolución».

Con esta especie de protesta en estricto tono institucional y, como se ve, a regañadientes, abrió el presidente del Senado, Ander Gil, la sesión en la que por amplia mayoría se aprobaron los cambios del Código Penal que suprimen el delito de sedición y gradúan los de malversación. Votaron a favor de los cambios los 140 votos que suman PSOE, ERC, Bildu, PNV y Més per Mallorca, frente al rechazo de los 118 de PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Junts, PRC, CC, Teruel Existe, PAR y  dos senadores independientes, una de ellas de Navarra Suma. Por su parte, los representantes de Más Madrid, Geroa Bai y Compromís optaron por la abstención.

Larga semana

A la votación de ayer en el Senado se llegó después de una larga semana en la que el Tribunal Constitucional (TC) ha acabado irrumpiendo en el funcionamiento de las Cortes Generales.

La reforma del Código Penal que se votó ayer a la Cámara Alta fue aprobada también por amplia mayoría el jueves de la semana pasada en el Congreso, después de que el Tribunal Constitucional aplazara la reunión en la que se plantearía la prohibición de introducir las enmiendas que le afectaban directamente.

Pero de ese aplazamiento se pasó a que el TC cercenara finalmente el lunes la votación en el Senado, en función de unas medidas cautelares pedidas para el Congreso.
Y ante el recurso de la Mesa del Senado, apoyada por los fiscales del Tribunal Constitucional, la mayoría derechista decidió seguir adelante con sus prohibiciones.

Javier Maroto lo reivindica  

En el pleno intervino por el PP el senador autonómico de Castilla y León Javier Maroto, exalcalde de Gasteiz y perdedor del escaño en el Congreso por Araba, quien reivindicó el golpe dado por el TC a las Cortes.

Según relató Europa Press, Maroto sacó pecho por la «rapidez» y «habilidad» del PP al presentar un recurso de amparo al TC contra las dos enmiendas que modificaban la ley del CGPJ y del Constitucional para su renovación.

«Y aquí ni Cs, que habla mucho, ni Vox, que también habla mucho, han tenido la habilidad y la rapidez de recurrir esto. Si hoy estamos evitando un ataque directo a los órganos constitucionales saltándose la Constitución es porque el PP ha hecho su labor de trabajo de oposición», recalcó, para insistir en que con ese recurso el PP ha «defendido el Estado de Derecho».

Proposición de ley

Mientras el PP se ufanaba de sus maniobras, la mayoría de la investidura busca la fórmula para, de la forma más rápida posible, pero sin tentar a la suerte, encontrar el camino legal para llevar a buen puerto las reformas pendientes de la forma de elección del CGPJ, como pretenden también Unidas Podemos y algún otro grupo.

Fuentes del PSOE y del Gobierno apuntan a que están esperando a conocer los detalles del auto del TC, que todavía no se ha publicado, para presentar una proposición de ley que resulte al menos técnicamente irreprochable, aunque después las altas instancias judiciales volverían a tener la última palabra.

Un aviso, según Otegi

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, calificó como una «especie de golpe de Estado» la decisión del Tribunal Constitucional. A su entender, «nos anuncia hasta dónde están dispuestos a llegar los sectores más reaccionarios del Estado para parar cualquier tipo de leve democratización de ese Estado».

Entrevistado en Radio Euskadi, Otegi insistió en que lo ocurrido es «realmente muy grave» e indicó que los jueces que tomaron esa decisión son los mismos que condenaron» a los responsables de la izquierda abertzale y les ilegalizaron. En este sentido, aseguró que es «bastante evidente que no existe independencia del Poder Judicial» y «algunos jueces» en el Estado español juegan «un papel de vanguardia en el bloque reaccionario del Estado».

Colectivos trans y LGTBI celebran la nueva ley

Los colectivos trans, bisexuales, intersexuales y LGTBI, así como otras organizaciones y activistas, celebraron a las puertas del Congreso la aprobación de la nueva ley Trans que reconoce la autodenominación de género y desarrolla una serie de medidas para garantizar los derechos de estas personas.

La ley salió adelante con 188 votos a favor de los grupos que conforman la mayoría de la investidura, 150 en contra de PP, Vox, los expulsados de UPN y buena parte de la bancada de Ciudadanos, y 7 abstenciones, entre las que se encontraba la de la exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez y diputada del PSOE, Carmen Calvo, que ha sido una ferviente opositora a algunos de los aspectos de esta ley y se enfrenta a una multa de 600 euros por no respetar la disciplina de voto de su partido.

La ley impulsada por el Ministerio de Igualdad finaliza así una tramitación de casi tres meses en el Congreso que ha estado acompañada de polémica desde el principio por la falta de acuerdo con el PSOE, que finalmente vio cómo decaían sus enmiendas al no ser apoyadas, como esperaba, por el PP. La ley pasa ahora al Senado.