![La representación vasca, con Azpiazu al frente, durante la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias.](/media/asset_publics/resources/000/961/376/article_main_landscape/comision-transferencias.jpg)
La Comisión Mixta de Transferencias se ha reunido esta tarde de forma telemática para aprobar la concertación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, así como la participación de la CAV en el gravamen temporal a las energéticas y a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.
Según ha informado el Gobierno de Lakua, en lo que se refiere a la participación en los gravámenes temporales a las energéticas y a los bancos ,la CAV recibirá el 6,24% del volumen total generado por estas figuras en los ejercicios 2023 y 2024 y se compensará la cantidad en los plazos del pago del Cupo al Estado. Esa cantidad se destinará a hacer frente a las «excepcionales consecuencias económicas y sociales» causadas por la guerra en Ucrania y por los problemas de oferta y de suministros derivados de la pandemia.
Ello significa que la CAV percibirá unos 400 millones en dos años del total de 6.500 millones de euros en ese periodo que recaudará el Estado. En contrapartida, la CAV asumirá íntegramente la definición y gestión de aquellas ayudas del Estado que se financien exclusivamente con la recaudación de ambos gravámenes.
En la reunión también se ha acordado incluir el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes fortunas, complementario al de Patrimonio que se mantiene en la CAV, en el Concierto Económico como tributo concertado de normativa autonómica, con la misma vigencia que la ley estatal que lo crea.
El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha recordado el destino final del dinero conseguido a través del gravamen energético está «tasado» y es «más concreto de acuerdo a la normativa» europea.
«Las instituciones vascas nos ajustaremos a los requerimientos europeos; fundamentalmente son medidas encaminadas a reducir el consumo energético, potenciar el consumo de energías renovables y apoyo a empresas y sectores de consumo intensivo», ha recordado.
El segundo gravamen, a las entidades de crédito y establecimientos financieros, no tiene medidas tan tasadas y las instituciones vascas valorarán «las que sean necesarias en Euskadi».
La representación vasca ha estado formada, además de Azpiazu, por Olatz Garamendi, consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno; Ramiro González, diputado general de Araba; Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia; Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa; e Itziar Agirre, viceconsejera de Hacienda del Gobierno de Lakua.
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