En enero de 2020, hace ya tres años, NAIZ reveló que el exdiputado Alfredo de Miguel, condenado a 13 años de prisión por corrupción, estaba trabajando en la Fundación Hazi, pese a que en el convenio de esta entidad pública se recoge como «falta muy grave» cualquier condena por «delito de robo, hurto o malversación cometido fuera de la empresa». Es más, los documentos a los que tuvo acceso este medio indicaban que el exburukide ostentaba un puesto de responsabilidad en Itsas Garapen Elkartea.

Su situación laboral no ha variado, pero sí se han producido avances en lo que se refiere al proceso judicial, ya que el pasado mes de septiembre los magistrados del Tribunal Supremo comenzaron a estudiar los recursos interpuestos por los condenados, entre los que también figuran el exdirector de Juventud del Gobierno de Lakua Javier Sánchez Robles, con una pena de 7 años y un mes de cárcel, y dos exdirigentes del PNV alavés: Koldo Otxandiano (7 años y 6 meses) y Aitor Telleria (6 años y 6 meses).

El fallo de la Audiencia alavesa dictó que los tres exdirigentes jeltzales idearon en 2005 un plan para «obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas»; e incide en que para lograr su objetivo se valieron de sus «influencias políticas» y de las relaciones personales que tenían por su militancia en el PNV. Recuerda que tanto De Miguel como Telleria tenían un «puesto relevante» y una «posición de poder» en el «mismo partido político que gobernaba», y que por ello tenían «gran influencia».

Y, de hecho, De Miguel sigue teniendo una posición importante en la Administración pública, representando a una sociedad pública de la CAV ante otras instituciones, según ha revelado ‘ElDiario.es’ y como evidencia su participación hace ocho meses en un taller informativo de la Red Española de Grupos de Pesca.

«Amiguismo»

Esta situación ha hecho que los grupos de la oposición hayan cargado este martes contra el Ejecutivo autonómico. «La protección y el trato que el Gobierno Urkullu está dando a De Miguel es una clara muestra de la nula voluntad de algunos por acabar con el amiguismo y prácticas fraudulentas», ha manifestado EH Bildu, que ha reclamado «medios y organismos para denunciar, detectar, investigar y perseguir estas prácticas».

En la misma línea se ha pronunciado Podemos Euskadi, que ha denunciado «el amiguismo y la colocación a dedo». «Cuando se tiene el carnet del PNV todo es fácil. Hay que acabar con las puertas giratorias, airear las instituciones», ha apuntado en un mensaje difundido en Twitter.

Desde el PP, Carlos Iturgaiz ha destacado que el PNV «ofrece puertas giratorias a malversadores por el silencio oficial del delincuente condenado». «Ya se entiende claramente el interés del PNV en votar a favor de la nauseabunda Ley sanchista que rebaja la pena a los malversadores. Urkullu rehabilita a corruptos», ha concluido.

A la espera de una sentencia firme

Incluso el PSE, socio del PNV en las principales instituciones de la CAV, ha pedido al Gobierno de Gasteiz «contundencia» contra el exnúmero dos del PNV en Araba. Eso sí, en cuanto «sea posible legalmente», en alusión a que todavía no se ha pronunciado el Supremo.

Esta es precisamente el argumento empleado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, liderado por Arantxa Tapia, para justificar la continuidad de De Miguel en Hazi. Fuentes del departamento han aseverado que no puede ser despedido hasta que no haya una sentencia firme, ya que no se trata de un cargo de confianza.

Cabe recordar que en 2020, el entonces portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, aseguró el Ejecutivo «respetará los derechos laborales» de Alfredo de Miguel.

Este miércoles, la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo Idoia Mendia, ha considerado que, si bien hay que «mantener en el puesto» al exdirigente del PNV Alfredo de Miguel hasta que la sentencia que le condenó sea firme, le puede «sustituir cualquiera en la representación de una organización gubernamental». A su entender, «muy arrepentido no parece que esté», ha dicho situando la responsabilidad especialmente en el condenado.

Mendia ha precisado que no conoce «los detalles del asunto», pero ha admitido que «verdaderamente, mientras la sentencia no sea firme, es verdad que lo tienes que mantener en el puesto de trabajo» porque en caso contrario, si presenta recurso contra el Gobierno, «lo perderíamos"»

No obstante, ha precisado que «no parece que esté obligado nadie a recoger premios ni a representar a ninguna organización gubernamental porque puede sustituirte cualquier otra persona».

En su opinión, «muy arrepentido no parece que esté, porque los hechos están probados». Según ha manifestado, el recurso presentado ante el Tribunal Supremo es «sobre cuestiones formales», de manera que «los hechos sobre los que fue juzgado están probados y no se cuestionan» y, por lo tanto, «son hechos delictivos».