Hazi ha emitido un comunicado en respuesta a las informaciones publicadas sobre el papel que desempeñada Alfredo de Miguel, exburukide condenado a una pena de 13 años de prisión por delitos de corrupción, en el seno de la fundación.

Ha negado que el exdiputado jeltzale ostente un cargo de «gerente», pero sí ha reconocido que, entre sus funciones, figura la de «liderar y coordinar las acciones de desarrollo y proyectos que se lleven a cabo en su zona de actuación». En este caso en Itsas Garapen Elkartea.

Según ha explicado, De Miguel se reincorporó en 2010 a su puesto en IKT, una de las entidades que participaron en la creación de la sociedad pública Hazi, tras la excedencia de la que dispuso para ejercer como diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial en la Diputación de Araba.

La Dirección de IKT aceptó la reincorporación, que «le otorga el derecho a participar en procesos internos». Y, al parecer, De Miguel obtuvo máxima puntuación en una convocatoria interna para seleccionar un técnico del Área de Emprendimiento y Dinamización Rural y Litoral.

Se trata de un plaza interina que tiene entre sus funciones diseñar del Plan de Gestión anual dentro de su ámbito de actuación; participar en la elaboración de planes estratégicos de la Dirección de Pesca; y colaborar con el departamento –con el Gobierno de Lakua– para la elaboración de nuevos decretos.

Además, es responsabilidad de De Miguel «liderar la constitución, organización y lanzamiento» del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP); captar proyectos y promotores; monitorizar a emprendedores; y «liderar y coordinar las acciones de desarrollo y proyectos que se lleven ancabo en su zona de actuación».

También tiene que «dinamizar, asesorar y trabajar en red con ayuntamientos, y representantes sectoriales -cofradías, rederas, neskatillas, empacadoras y entidades relacionadas con su actividad– para la identificación y desarrollo de estudios y proyectos alineados con las políticas del Departamento»; y realizar un «seguimiento de programas dependientes de diferentes administraciones con incidencia en el desarrollo de zonas dependientes de la pesca».

Un decisión que «no resulta sencilla»

Pese a reconocer que sobre De Miguel pesa una sentencia condenatoria por corrupción, Hazi ha destacado que «se trata una sentencia que todavía no es firme, dado que existe el derecho a la doble instancia penal contra sentencias condenatorias», recogido en Ley del Estatuto de los Trabajadores.

«La Fundación HAZI entiende que esta circunstancia no sea comprendida por la sociedad, y reconoce que las decisiones tomadas respecto a esta persona no resultan sencillas para la propia organización, si bien, corresponde a la Fundación, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, actuar conforme a criterios jurídicos y administrativos», ha aseverado.

Y ha cargado contra los medios al incidir en que «también resulta difícil de comprender que, no habiéndose producido ninguna novedad en la condición laboral de Alfredo de Miguel en los últimos siete años, durante estas 24 horas se haya interpretado como hecho noticiable una información no verídica, ya que Alfredo de Miguel no ostenta el cargo de gerente, y la información restante que ya es pública y obra en el Parlamento desde hace más de dos años».

Cabe recordar que NAIZ ya informó al respectó hace tres años, en enero de 2020. Y parece que la posición de la fundación no ha variado en este tiempo, ya que no tomará una decisión sobre el exdiputado hasta que el Tribunal Supremo no resuelva los recursos presentados por los acusados, entre los que también figuran el exdirector de Juventud del Gobierno de Lakua Javier Sánchez Robles, con una pena de 7 años y un mes de cárcel, y dos exdirigentes del PNV alavés: Koldo Otxandiano (7 años y 6 meses) y Aitor Telleria (6 años y 6 meses).