Un total de 77 potenciales agresores machistas llevan pulsera telemática en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y 48 mujeres tienen escolta, tal como ha revelado este viernes el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad de Lakua, Josu Erkoreka.

En una entrevista en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka se ha referido a la violencia machista para señalar que, hasta ahora, «las medidas más importantes que se han adoptado han estado dirigidas a dar protección a la mujer».

En este sentido, ha explicado que en la CAV 48 mujeres tienen escolta, algo que, según ha apuntado, no tiene parangón a nivel estatal, mientras que 206 mujeres llevan cierta contravigilancia y más de 111 mujeres disponen de un teléfono ‘Bortxa’, que las pone en contacto directo con la Ertzaintza de manera urgente.

Tras señalar que se trata de medidas para la protección de las mujeres, «que es lo más importante», ha dicho que ahora, cada vez más, se pone el acento en «tener bajo control a potenciales agresores». «Tenemos a 77 potenciales agresores con pulsera telemática. Esto no ocurre en otros lugares. Aun así, también hay casos concretos en los que escapan del control policial», ha añadido.

Erkoreka ha valorado positivamente que en la reunión convocada con los responsables de la lucha contra la violencia machista de las Fuerzas de Seguridad del Estado se hayan unificado los criterios y analizado las medidas, «aunque hay que recordar que no todas las policías actúan de la misma manera y no tienen las mismas herramientas».

Como ejemplo, ha apuntado que los instrumentos para medir el nivel de riesgo de las mujeres son diferentes. En la CAV se utiliza el sistema EBA, Etxekoen eta Emakumeen Babesa, «que es mejorable, pero que es un buen sistema».

El vicelehendakari comparte la importancia de «centrar la atención en los agresores», pero cree que «jurídicamente existen problemas para ello porque hay que garantizar el derecho a la protección de datos, sobre todo, cuando se trata de datos sensibles, como los de las trayectorias delictivas de las personas».

En todo caso, ha explicado que «se estudia la posibilidad de compartir los datos de los agresores en los casos más graves», pero ha puntualizado que también «es complicado medir qué caso es lo suficientemente grave» para aplicar esta medida.