El informe elaborado por el ingeniero Gorka Bueno y publicado por Ekopol que muestra evidencias de lo que entiende como un funcionamiento ilegal y contaminante de la incineradora de Zubieta ha centrado este martes la comparecencia de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, y ha dado lugar a un comunicado del Consorcio de Gestión de Residuos de Gipuzkoa, GHK. Tanto la consejera como el consorcio aseguran que la incineradora funciona perfectamente y que dispone de un sistema automático que detiene la alimentación del horno en caso de determinadas anomalías, lo que contradice escritos anteriores tanto de la propia Tapia como de GHK.

La comparecencia de la consejera en el Parlamento estaba solicitada por Elkarrekin Podemos-IU en noviembre del año pasado, para que explicara sus acusaciones contra la plataforma GuraSOS de divulgar falsedades sobre la incineradora de Zubieta.

Arantxa Tapia ha tratado de defender la buena gestión del Gobierno; el grupo proponente y EH Bildu han insistido en desnudar contradicciones y hacer preguntas, muchas de las cuales han quedado sin respuesta; el PP ha surfeado entra la necesidad de esas explicaciones y el apoyo a la instalación; mientras PSE y PNV no solo han asegurado que no tienen ninguna duda del buen funcionamiento de todo, sino que han mostrado su hartazgo por tener que seguir hablando de la posible existencia de irregularidades, pese a que estas están siendo investigadas por la Fiscalía de Gipuzkoa. De «teatro tóxico», en el que participan colectivos, partidos y periodistas, ha hablado la jeltzale María Eugenia Arrizabalaga.

¿Hay o no un sistema de parada automática?

La ‘Resolución de 11 de abril de 2016 del viceconsejero de Medio Ambiente por la que se modifica la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada concedida a Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU, para el proyecto de valorización energética de residuos promovido en el término municipal de Donostia’, firmada por el entonces viceconsejero Josu Madariaga Garmendia, recoge textualmente en el apartado E.3.2.e que entre las condiciones para su aprobación la incineradora está la obligación de contar con «un sistema automático que impida la alimentación de residuos en cualquiera de estas circunstancias».

Son cuatro. La primera, «puesta en marcha, hasta que se haya alcanzado la temperatura de 850ºC». La segunda, «cuando por cualquier motivo no se alcance dicha temperatura en el horno». La tercera, «cuando los controles de carácter continuo, establecidos en esta Resolución, muestren que se está superando algún valor límite de emisión atmosférica fijado en esta Resolución». Y la cuarta, «cuando el valor medio semihorario de concentración en partículas supere el valor límite de 150 mg/Nm3».

Tanto denuncias públicas de GuraSOS como el informe de Ekopol han llamado la atención sobre los peligros de que dos de estas condiciones no se estén cumpliendo. En respuesta a ello, GHK ha hecho público este martes un comunicado en el que taxativamente «recuerda que dispone de un sistema que suspende automáticamente la alimentación al horno». Y Arantxa Tapia ha afirmado en el Parlamento que «el horno Caldera dispone de un sistema automático que impide la alimentación de residuos en los supuestos exigidos por la normativa europea y estatal en prevención de la contaminación».

Sin embargo, esto no coincide con lo que GHK y la propia consejera han escrito y rubricado con anterioridad. Cuando desde el Gobierno se le requirió a la empresa que informara sobre el cumplimiento de la resolución que permitía darle la autorización ambiental integrada, GHK respondió concretamente con respecto a ese punto «E.3.2.e. Características del sistema automático que impida la alimentación del horno en situaciones anómalas» explicando su funcionamiento general y específicamente cómo responde automáticamente, como se le exige, durante la puesta en marcha y cuando no alcanza la temperatura.

Pero sobre los requerimientos 3 y 4 afirma textualmente que «respecto a las emisiones a la atmósfera no hay control que actúe automáticamente sobre la combustión. Esta acción depende totalmente del operador cuando recibe una pre-alarma de riesgo de superar las emisiones. Depende totalmente del operador comprobar y reaccionar en consecuencia para prevenir cualquier valor de emisión semihorario».

Y eso es palabra por palabra lo que también la consejera Arantxa Tapia respondió al Parlamento el pasado 18 de noviembre, porque su Departamento no hizo otra cosa que copiar y pegar el documento de GHK. En su comparecencia de este martes, la consejera ha tratado de diferenciar entre la «existencia de un sistema automático de alimentación de residuos» a la que «hace referencia» la «autorización ambiental integrada» y «el sistema de combustión».

Pero lo cierto es que cuando se pregunta por el cumplimiento de los requerimientos de la «autorización ambiental integrada», lo que respondió GHK y repitió la consejera es que «no hay control que actúe automáticamente sobre la combustión», sin ninguna otra explicación.

Superación de Valores Límites de Emisión

El informe científico de Gorka Bueno recoge que entre 2020 y 2021 de produjeron nada menos que 2.033 superaciones de los Valores Límite de Emisiones semihorarias. El parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, hizo ver que cada una de ellas es «una infracción grave» de la ley. Arantxa Tapia respondió que la mayoría de esas emisiones se dieron durante el periodo de pruebas, lo que según ella no cuenta. Pero hay más de un centenar de superaciones de VLE que se han producido durante el funcionamiento normal de la incineradora. La consejera ha puesto en duda cuándo se hicieron esas mediciones, que son del propio Gobierno, y cómo se han interpretado.

Otero ha cuestionado que durante el periodo de pruebas se insista en seguir funcionando pese a las múltiples superaciones de valores límites, que se ponga en marcha la incineradora sin ni siquiera haber comprado todavía los aditivos necesarios para evitar la contaminación, y ha dejado sobre la mesa que esto se debe a que la incineradora ya tenía un contrato para empezar a funcionar en marzo de 2020, antes todavía de tener las autorizaciones necesarias.

Contaminación de Arkaitzerreka y purgas

En su comparecencia, la consejera ha admitido que en la incineradora se produjo un problema de «estanqueidad no idónea» que dio lugar a un vertido a Arkaitzerreka detectado el 13 de julio de 2022 y que «está en vías de solución». Es decir, que no está solucionado. Y ha apuntado que por ello se abrió un expediente a la empresa, que está interrumpido porque la causa está en los juzgados. El parlamentario Mikel Otero ha llamado la atención sobre que el Gobierno dice que conoció la contaminación en esa fecha, pero que, como publicó este medio, hay informes oficiales de 2019 que ya hablaban de esa contaminación y era conocido por Lakua, que no actuó. Tapia no ha dado explicaciones.

Arantxa Tapia también ha justificado la existencia de purgas de agua en los conductos de salida y depuración de gases de combustión, que sostienen que están recomendados por las guías europeas. Pero Mikel Otero ha recordado que la incineradora está aprobada como un sistema «seco» que, por tanto, no tiene que generar esos líquidos. La consejera tampoco ha respondido sobre esto.