Los argumentos del Gobierno de Lakua para seguir manteniendo en su puesto de trabajo público al exburukide Alfredo de Miguel pese a la condena de largos años de cárcel por corrupción van cambiando según la realidad les va atropellando. Y estos en ocasiones entran en colisión con otros mantenidos con anterioridad.

En el pleno de control al Ejecutivo de este viernes han sido varias las preguntas realizadas al lehendakari, Iñigo Urkullu, reprochándole que durante años no dijera toda la verdad al Parlamento cuando insistían oficialmente en que no era jurídicamente posible despedir a Alfredo de Miguel de su puesto en la fundación Hazi pese a tener una condena de 13 años de prisión por corrupción. Sin embargo, ahora ha trascendido un informe del propio director gerente de Hazi que reconoce que de acuerdo al convenio se le podía haber rescindido el contrato, aunque el despedido podría haber ido a los juzgados y darle o no la razón.

Para responder a esta evidencia, lo que ha hecho el lehendakari es pasar a otra pantalla. Ahora se ha escudado en que «hasta que la Audiencia Provincial de Álava no se encargue de la ejecución de la Sentencia y la haga cumplir, no es eficaz el fallo que se ha divulgado a través de los medios de comunicación». Y ha asegurado que «el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno confirma hoy que la Administración aún no ha recibido notificación de resolución alguna, por lo que no procede iniciar ejecución penal alguna. En el momento en el que la Audiencia ordene ejecutar la sentencia, actuaremos».

Iñigo Urkullu ha espetado a Josu Estarrona, de EH Bildu, y a Carlos Iturgaiz, de PP+Cs, que han criticado la forma de actuar del Gobierno, si lo que pretenden es que actúen de forma contraria a la ley, que es lo importante, «no un informe».

Pues Tapia los mandó a casa

De acuerdo al nuevo argumento del lehendakari, de que quien tiene que actuar es la Audiencia Provincial, resulta chocante que el pasado 11 de enero, al día siguiente de que se divulgara a través de los medios de comunicación la condena del Tribunal Supremo, la consejera Arantxa Tapia anunciara desde una sidrería de Astigarraga que Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano, exburukides condenados por corrupción, habían sido ya apartados de sus funciones en la Fundación Hazi y en el Parque Tecnológico de Araba.

La consejera Arantxa Tapia, de la que dependen tanto Hazi como los parques tecnológicos, incidió en que ninguno de los dos acudió ese día a su puesto de trabajo, pese a que aún no se han hecho efectivos sus despidos, y que a los dos se les comunicó el martes la decisión de despedirlos y «están en sus casas». «Si tienen alguna tarea que finalizar, la finalizarán, pero no tiene ningún sentido ni encomendarles nuevas tareas ni nuevas actuaciones», concluyó la consejera.

La cuestión es que ya ha pasado cinco semanas desde entonces, la propia consejera ha reconocido al Parlamento que Alfredo de Miguel ha asumido grandes responsabilidades en su puesto de trabajo público estando procesado e incluso condenado, y la duda es si ahora está realizando esas funciones «estando en casa».

Críticas de EH Bildu y PP+Cs

Josu Estarrona, de EH Bildu, ha reprochado al lehendakari que durante años hayan insistido en que no tenían más alternativa que seguir manteniendo en su puesto a Alfredo de Miguel, cuando eso no era cierto, sino que era la opción que había tomado el Ejecutivo. Y ha expuesto también que se haya estado negando cuestiones como que Alfredo de Miguel ha estado realizando trabajos de representación de su empresa pública, para tener que acabar reconociéndolo.

Desde PP-Cs, Carlos Iturgaiz le ha pedido al lehendakari que «deje de usar la burocracia en beneficio de sus corruptos» puesto que «cada minuto del señor De Miguel en Hazi durante años ha sido un regalo de su Gobierno pagado por todos los vascos».

Los instrumentos que no atajaron el caso

Otro grupo parlamentario ha preguntado si «¿considera el lehendakari que el País Vasco dispone de todos los instrumentos necesarios para prevenir y erradicar la corrupción y el clientelismo político?».

Y la contestación del lehendakari ha sido contundente: «Le respondo con toda rotundidad. Sí, señora Martínez. Euskadi, el conjunto de las administraciones públicas, dispone de los instrumentos democráticos necesarios para hacer frente a la corrupción en cualquiera de sus expresiones, para prevenirla antes de que se produzca, para investigarla y perseguirla mientras se está produciendo, y, por último, para combatirla y castigarlas y se ha consumado».

Como ya hiciera el Gobierno para rechazar la propuesta de EH Bildu de crear una Oficina de Buenas Prácticas y Contra la Corrupción, el lehendakari ha detallado la existencia el TVCP, de la Oficina de Control Económico, de la Agencia de Protección de Datos, del Ararteko y desde 2013, del Código Ético. «Nuestro sistema institucional democrático está plenamente comprometido con los principios y valores de la transparencia y el buen gobierno», ha concluido el lehendakari.

Lo que ocurre es que, salvo el Código Ético que poco podría haber hecho en este caso, todos esos organismos ya existían y fueron incapaces de atajar que dentro del conocido como «caso De Miguel» durante los años 2005 y 2008 Xabier Sánchez Robles, director de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno de Lakua, cometiera los «delitos continuados» de «prevaricación», «malversación de fondos», «falsedad de documento oficial» y «tráfico de influencias», así como otro de «asociación ilícita», en favor de la trama de empresas de quienes entonces eran burukides del PNV, por los que ha sido condenado a siete años de prisión por el Tribunal Supremo.