Javier Pérez Royo ha visitado Donostia para participar en una charla organizada por la fundación Iratzar bajo el título «¿Ley o legitimidad? Lawfare o la judicialización de la política». Atiende a NAIZ con gusto, habla con soltura como buen comentarista y articulista que es. Conscientes de que la larga serie de irregularidades, arbitrariedades, faltas y omisiones en la justicia española en los últimos años es tan larga y escandalosa que dificulta una completa reseña, le planteamos hacer un repaso general por las más candentes.

Tras el bloqueo del PP, ¿el acuerdo en el Constitucional supone algún cambio o es una batalla perdida, y la politización no tiene remedio?

Cambio sí que ha habido. La reciente renovación del TC ha sido muy importante en el sentido de que ha desbaratado la posibilidad de que se pudiera dar una suerte de golpe de estado judicial. Ese era el riesgo con la composición anterior, elevar en algún momento algún tipo de recurso mediante una pirueta como la que se hizo con la ley que precisamente trataba de la renovación de los órganos, entre ellos del TC, con las medidas cautelarísimas que adoptó. Existía el riesgo de que tomara alguna resolución que hiciera imposible el mantenimiento de la legislatura y se forzara la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas. Ese riesgo se ha descartado, no es una cosa de menor importancia. Después, claro, sigue habiendo el incumplimiento de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es un incumplimiento gravísimo, porque un órgano de naturaleza política, por definición, no admite prórrogas. Y llevamos una prórroga de casi cuatro años. Ahí tenemos la manifestación de voluntad de unos jueces que están dispuestos a rebelarse contra el gobierno constituido democráticamente y contra la mayoría parlamentaria que lo apoya. 

«El incumplimiento de la renovación del CGPJ es gravísimo, porque un órgano de naturaleza política, por definición, no admite prórrogas»

Ese acuerdo se ha producido  al final de la legislatura. La mayoría política de izquierdas no ha sido mayoría judicial, ¿podría serlo algún día?

El CGPJ no es el poder judicial, que está integrado por los miles de jueces y magistrados que están distribuidos por todo el Estado. Es un órgano de gobierno del poder judicial pero tiene naturaleza política y  adopta decisiones extraordinariamente importantes para el funcionamiento del poder judicial en sentido estricto, en la medida que designa los magistrados del Tribunal Supremo, los de la Audiencia Nacional, los presidentes de todas las audiencias provinciales. Puedes conseguir perfectamente, y debería ser así, que conforme van cambiando las mayorías parlamentarias cambie también la mayoría en la composición del CGPJ. Pero eso no quiere decir que sea un cambio del poder judicial, ¿eh? Para cambiarlo hay que hacer muchas más cosas que conseguir una renovación correcta del CGPJ. Ese es un tema de muchísima más envergadura, que requiere otro debate.

La Ley del «solo sí es sí», ¿venía mal hecha de serie o ha sido mal aplicada?

Creo que es una magnífica ley para garantizar la integridad de la libertad sexual de las mujeres. No es una ley penal, sus 61 artículos están dispuestos a crear una suerte de ecosistema que posibilite y garantice esa libertad. Son una enorme cantidad de medidas de todo tipo, de prevención, de información, de preparación, de cómo se tienen que preconstituir las pruebas... Después, borra la línea divisoria de la legislación anterior entre abuso y agresión. Ahora si no hay consentimiento siempre hay agresión sexual y es un delito. Al borrarla, se tenía que hacer un ajuste en las penas para que no hubiera una excesiva punición de conductas que eran delictivas pero no extraordinariamente graves como otras. Una vez que se hace ese ajuste, se tiene que aplicar retroactivamente. ¿Y qué ha pasado? Pues tampoco tanto. Estamos ante unos casos que están agotándose, en un mes se habrán producido todas las revisiones y las excarcelaciones que hayan tenido que producirse. Y entonces veremos cuál ha sido el alcance definitivo.

No tenemos un conocimiento exacto aún, solo información muy parcial de cada caso, que se magnifica, como si fuera una auténtica monstruosidad. Pero, insisto, en un mes esto ya se acabó. Pero la ley es buena, de hacerse, que se haga la mínima reforma que tenga que hacerse. Creo que no es difícil hacerla y se puede consensuar de una manera razonable.

«La ley del ‘solo sí es sí’ es buena, de hacerse, que se haga la mínima reforma que tenga que hacerse»

Dicen que la Justicia española es machista. ¿Lo cree usted?

El machismo existe en general, también en la Justicia. Que sea machista un juez es muchísimo más grave, porque individualmente es un poder del Estado. Pero en principio no creo que la administración de Justicia sea más machista que las demás profesiones. Sí que hay un componente y un sesgo machista, lo hemos visto en montones de sentencias. Afortunadamente, ahí también se va corrigiendo. La prueba la tuvimos en la sentencia de «La Manada», que se corrigió de manera sustantiva.

En el ranking anual de la ONG Transparencia Internacional el Estado español vuelve a aparecer a la cola de Europa y se sitúa entre Bostwana y Qatar en la lucha judicial contra la corrupción.

No sé cómo está la Justicia en el resto del mundo, pero a nivel de Europa que estamos a la cola, yo creo que sí. Es bastante obvio. Tenemos ejemplos tan brutales como el del «caso Kitchen» donde todo el aparato del Ministerio del Interior, con el dineral de los fondos reservados, hace una operación como la que se hizo, ¡y que todavía estén como están! Y así en muchas otras cosas más.

¿Qué opina de que las juntas de tratamiento estén avalando terceros grados a presos vascos y tribunales a 400 kilómetros los estén revocando y devolviéndoles a prisión?

Me parece una barbaridad, pero puede pasar. El tribunal que dictó la sentencia tiene el control sobre la ejecución de la misma. Los tribunales mantienen esa posición: consideran que cualquier decisión de las juntas de tratamiento lo que está haciendo es corregirles a ellos. Pero está en el ordenamiento y contra eso no se puede hacer nada si no es modificando las normas.

Hay leyes de excepción que siguen vigentes como la 7/2003 de Aznar, que estableció en 40 años el cumplimiento máximo, o la de 2014 que niega descuentos de condenas cumplidas en otros estados. ¿Ve viable desmontarlas o siquiera aplicarlas de otra forma?

Eso tendría que hacerse mediante modificación de normas legales. Lo está siendo ya, y esa debería ser la batalla de la próxima legislatura. En esta legislatura se han hecho ya muchas cosas, pero quedan todavía otras muchas por corregir, lo que han sido los años de hierro del PP en el gobierno. Eso dependerá de la fuerza que se tenga para poder hacerla. Las mayorías absolutas de Aznar y de Rajoy han sido los años de la interpretación más reaccionaria que se podía hacer de la Constitución. Y al aparecer el nacionalismo catalán de la forma que lo hizo en ese tiempo pues se ha sumado a toda la experiencia represiva que había contra el nacionalismo vasco y eso ha configurado un ordenamiento jurídico extraordinariamente represivo.

«En esta legislatura se han hecho ya muchas cosas, pero quedan todavía otras muchas por corregir, lo que han sido los años de hierro del PP en el gobierno»

Otro caso sin cerrarse es el de Bateragune, donde aún es posible un nuevo juicio pese a estar cumplida la condena. ¿Cómo lo valora?

Ese es un tema para que acabe y lo resuelva el nuevo TC, que diga que el juicio no se puede repetir. Yo creo y espero que así lo hará. Porque la revisión de la sentencia ya se ha producido por parte del Tribunal Supremo y ahora se pide que se reproduzca el juicio no con la finalidad de imponer unas penas que ya se han cumplido, sino con la finalidad de decir ‘teníamos razón’ cuando se impusieron aquellas penas anticonstitucionalmente porque había una presidenta que no era imparcial. Ahora lo quieren decir con un tribunal que no pueda ser acusado de falta de imparcialidad, no para que tenga ningún efecto de ingreso en prisión pero sí para que no quede que el TS español ha dictado una sentencia injusta de manera firme.

El Gobierno ha derogado el delito de sedición y ha rebajado el de malversación, se interpreta como un paso para solucionar las consecuencias de la represión, pero ¿es adecuado y suficiente?

Estamos viendo que no. Lo que está haciendo el TS no es una interpretación, es una rebelión contra las Cortes Generales. En su auto del 13 de febrero, no hay interpretación jurídica, sino rebelión. No se interpreta sobre la base de las normas comúnmente aceptadas en el mundo del derecho sino que se inventa un nuevo concepto, una nueva elemental cultura jurídica, y se llega a la conclusión de que la malversación no es lo que dice la nueva norma, sino que es lo que ellos decían antes de que existiera esa nueva norma. Y no sé yo si el TC, porque terminará en amparo ahí, se atreverá a meterse con ese tema.

Para terminar, ¿cree que el retorno de Puigdemont es un horizonte factible y próximo?

Creo que no. Primero el juez Llarena tiene que redactar una nueva orden de detención y entrega, vamos a ver en qué términos. Y cuando envíe esa orden a la justicia belga, esta pedirá a los destinatarios si están de acuerdo, ellos previsiblemente dirán que no, y se tendrá que abrir una especie de juicio ante la jurisdicción belga que tendrá que tomar una decisión. Tengo la impresión de que la justicia belga no va a dar la razón al juez Llarena y que dictará una sentencia motivada, y creo que con la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay elementos suficientes para pensar que se puede acabar dictando una sentencia que le saque los colores al Tribunal Supremo español.