La Audiencia de Gipuzkoa ha declarado en rebeldía al joven acusado de la muerte del menor donostiarra Santi Coca en abril de 2019, que permanece huido desde el pasado mes de octubre y contra el que también se ha emitido una orden europea de detención tras haber agotado «todas las vías» para averiguar su paradero.

Esta orden, dictada en un auto divulgado por Efe, se une así al mandato oficiado la semana pasada a la Ertzaintza, Policía española y Guardia Civil para que «procedan la búsqueda y detención» de este joven ante la proximidad del juicio con jurado previsto para el próximo mes de marzo.

«Se han agotado todas las vías para la averiguación del paradero del investigado, quien ha dejado de cumplir las obligaciones de comparecencia apud acta y no ha sido hallado ni en el domicilio que facilitó ni en aquellos que han sido facilitados por la fuerza actuante», detalla el auto.

«Por lo tanto –añade el texto–, al haber resultado infructuosos los llamamientos realizados en territorio nacional, para buscarlo en el territorio de la UE, deberá emitirse la correspondiente orden de detención europea».

Asimismo, el magistrado encargado del caso, quien asumió este asunto el pasado 13 de febrero, ha declarado al fugado en situación de rebeldía, con lo que la causa en su contra quedará suspendida hasta que el fugitivo «se presente o sea hallado».

No obstante, de acuerdo con Efe, que cita fuentes del caso, por el momento los trámites para el inicio de la vista oral continúan su curso respecto a los otros cinco encausados, ya que este mismo jueves ha tenido lugar una comparecencia para la presentación de posibles excusas por parte de algunos de los candidatos a jurado.

Cada uno de los seis acusados se enfrenta a una petición de veinte años de cárcel tanto por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa como de la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima.

El Ayuntamiento de Donostia, personado en la causa como acción popular, reclama quince años de prisión para cinco de los procesados, si bien eleva hasta los veinte años su solicitud para el joven ahora fugado, a quien atribuye haber propinado a Coca, de 17 años de edad, la «última y brutal patada en la cabeza» cuando ya había perdido el conocimiento.