El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes que dirige Iñaki Arriola, contrató de forma directa en agosto de 2021 por 16.819 euros la ‘Asistencia técnica para la redacción de la revisión y actualización del proyecto de ejecución de las obras de reforma y rehabilitación del Funicular del Monte Igeldo de Donostia’ a la empresa I-Ingenia Ingeniería y Arquitectura SA, de la que hasta once meses antes era director general y apoderado el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Luis Pedro Marco de la Peña.

Esta contratación está ya sobre la mesa de la Comisión de Ética Pública. Según su código, un alto cargo no puede participar durante dos años en la contratación de empresas con las que ha tenido relación. Y aunque en este caso el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Luis Pedro Marco de la Peña, no figura en el expediente de la contratación, se le pide a la Comisión que determine si este tipo de actuaciones no pueden perjudicar el prestigio del Gobierno.

El contrato lo inició la Dirección de Servicios del Departamento, aunque lo acabó firmando el viceconsejero de Vivienda, Pedro Javier Jáuregui Fernández. No obstante, hizo constar que lo hacía «según Orden de 14 de julio de 2021 del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Trasportes, por la que se regula la ausencia de los órganos del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes durante agosto de 2021».

Llama la atención que el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Luis Pedro Marco de la Peña, es el único alto cargo de su Departamento cuyo currículo no figura en la web Irekia del Gobierno. Sin embargo, en su perfil de LinkedIn, aparece como director general de i-Ingenia Ingeniería y Arquitectura hasta setiembre de 2020, cuando se incorporó al Ejecutivo. En los registros oficiales aparece también como apoderado de esta empresa hasta el 8 de octubre de ese año.

Fuentes consultadas por este medio consideran que resulta difícil pensar que en el Departamento no se conociera que el viceconsejero había dirigido hasta once meses antes esa empresa. Y llaman la tención de que se trata de una contratación directa por ser una obra menor, con un coste inferior a los 18.000 euros.

Además de esta, la firma ha sido también contratada en otras ocasiones por la Consejería, aunque en esos casos a través de concursos públicos.

Sin embargo, también hay otro contrato directo del mes de octubre de 2020 que puede suscitar dudas.

Antecedentes

En el Departamento de Iñaki Arriola ya hay un antecedente en el que la Comisión de Ética Pública determinó que Iván Pedreira, cuando era director de Administración Ambiental, en la pasada legislatura, dio su conformidad a las evaluaciones ambientales de 12 planes y estudios elaborados por la ingeniería Asmatu S.L.P. en la que había trabajado con anterioridad y sin que hubieran transcurrido dos años desde que finalizó su vinculación laboral con la citada empresa. El «castigo» impuesto fue que la falta se publicara en el BOPV.

También trascendió en otro momento que el director de Euskal Trenbide Sarea y antes de URA, Ernesto Martínez de Cabredo, había seguido sin darse de baja en siete empresas siendo ya cargo público.

Más contratos problemáticos 

Tampoco cabe olvidar los problemas que se han suscitado en el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, con dos pliegos de condiciones técnicas en cuyos metadatos figuraba el nombre de la empresa que después fue contratada. El consejero Iñaki Arriola lo atribuyó en las dos ocasiones con que se habían «arrastrado datos» de otros documentos.

Además, en enero de 2021 la Oficina de Control Económico del Gobierno rechazó un contrato menor (14.999 euros más IVA) adjudicado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes a la empresa Cuatrobarras Consultores, SL.

Después, en abril, EH Bildu denunció en la comparecencia parlamentaria del director de la Oficina de Control Económico, Javier Losa, que varios contratos de comunicación del Departamento adjudicados, entre otros, a las empresas Seikaz Comunicación SL y Gabineteseis Comunicación Navarra SL, mostraban, al menos, falta de planificación manifiesta. A los pocos días, la Consejería de Arriola anuló ambos contratos.