La noticia que se dio a conocer hace pocos días sobre el traslado de domicilio fiscal a Países Bajos por parte de Ferrovial (cuyos dueños ostentan la segunda mayor fortuna del Estado español después de Amancio Ortega, en torno a los 7.000 millones de euros) sigue dando que hablar y comienza a ser una avalancha.

En tono electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó con dureza el traslado y disparó contra el presunto nacionalismo que suele tener la élite de derecha española, al afirmar que «la patria no es sólo hacer patrimonio». Cabe recordar que uno de los cinco hermanos de la familia Del Pino y Calvo Sotelo (accionistas mayoritarios), concretamente Fernando, ha tenido declaraciones negacionistas y de derecha radical con respecto al covid y el cambio climático, según consigna el periódico ‘El Español’.

La compañía justificó este movimiento en que es una firma internacional con la mayor parte de su negocio fuera de España. En concreto, el 82% de los ingresos de 2022 se generaron fuera del país y el 90% de su valor en Bolsa procede del extranjero.

Los hermanos Rafael y María son quienes poseen la mayor parte del paquete accionarial, siendo él presidente de Ferrovial hace más de 20 años. Hace dos meses, en un foro empresarial organizado por el diario ‘Abc’, había reclamado mejor «seguridad jurídica» y «un marco laboral y fiscal competitivo».

A los cuestionamientos de Sánchez y de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien este fin de semana ha arremetido contra la decisión de Ferrovial recordando que la empresa si había beneficiado de los ERTEs, se les ha sumado este lunes la advertencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, esgrimiendo la posibilidad que baraja el Gobierno de frenar la partida de la compañía.

Es la primera vez que desde la Moncloa se deja trascender el análisis de una acción concreta, más allá de lo discursivo, para evitar el traslado. En una entrevista a la Cadena Ser, Ribera ha considerado «un acto político» la decisión de Rafael del Pino y ha asegurado que el Gobierno está «analizando» la manera de evitar la marcha a través del «marco de vigilancia con respecto a las inversiones en España en sectores estratégicos», en alusión al escudo anti-opas que el Consejo de Ministros aprobó en el inicio de la pandemia y ha prorrogado en varias ocasiones (la última en diciembre).

«Habrá que ver si las actividades de Ferrovial, que en muchos casos vinculadas a sectores estratégicos, entran dentro de esa posible valoración del Gobierno sobre si se requiere una autorización explícita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario», ha advertido Ribera.

El debate sobre el «patriotismo» de empresas muy beneficiadas con contratos públicos se extiende

Por su parte, el líder de la oposición y presidente del PP Alberto Núñez Feijóo, ha defendido a Ferrovial y culpado a Sánchez por la decisión: «Nunca un Gobierno dañó tanto la reputación del empresario español» Además, la ha tachado como «una de las noticias económicas más dolorosas de las últimas décadas» y cuestiona que un hecho de esta envergadura haya cogido por sorpresa a Moncloa.  

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido respetar la decisión de Ferrovial y ha recalcado que la constructora española se queda «dentro de la Unión Europea y no va a un paraíso fiscal», aunque técnicamente eso no sea tan cierto (es enorme la bibliografía de fiscalistas que señalan a ese país, junto con Luxemburgo e Irlanda, como países favorables a la elusión fiscal). «Es importante no demonizar a las empresas españolas, y a las empresarias y empresarios de este país porque generan riqueza. Muchas veces se genera un clima antiempresa que creo que es auténticamente nefasto para el país», ha subrayado.

La controversia, al Congreso

El eje del debate, más allá del traslado, es que Ferrovial ha sido beneficiada por ventajas fiscales en cientos de millones de euros. Por esto es que la ministra de Economía, Nadia Calviño, afirma que «se trata de una empresa que le debe todo a España», en alusión a las grandes ayudas que dio el gobierno de Aznar en 2002 para favorecer la internacionalización. Además de los cuantiosos y multimillonarios contratos con la Administración pública.

Al respecto, el secretario general de UGT, Pepe Alvarez, ha señalado públicamente un matiz insoslayable: «Ferrovial ha gozado de los privilegios de la contratación pública en los años 60 [durante la dictadura franquista]. No estamos hablando sólo de estos momentos, en que los contratos tienen otro tipo de transparencia».

El viernes por la tarde, Unidas Podemos registró una proposición de ley para obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, pagando asimismo los intereses de demora.

«Si ahora quieren abandonar el país que les ayudó a crecer y que sujetó su actividad económica en los peores momentos para pagar menos impuestos, por lo menos que devuelvan las ayudas», ha enfatizado el portavoz del grupo, Pablo Echenique, quien ha señalado que «cualquiera que se autodenomine patriota estará de acuerdo con este planteamiento».

También ha considerado apropiado que si Ferrovial se muda fiscalmente a territorio neerlandés «para pagar menos impuestos», entonces que sea Países Bajos «y no España los que les den contratos de obras públicas».

UP y EH Bildu ya han presentado propuestas en el Congreso para evitar este tipo de casos o al menos pasarles factura

Por su parte, el grupo de EH Bildu en el Congreso ha registrado una proposición no de ley este lunes en la que reclama impedir la deslocalización de empresas y recuperar las ayudas públicas otorgadas tras el traslado de Ferrovial.

EH Bildu insta al Gobierno español a impedir la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública y que la obtención de fondos, subvenciones o ayudas públicas deba estar condicionada a la imposibilidad de deslocalizar mediante el traslado de su actividad o parte de ella, así como por el traslado de su sede social o fiscal durante, al menos, los 5 años posteriores a la última financiación pública obtenida.

En su proposición, aboga asimismo por proteger y asegurar todos los puestos de trabajo en caso de deslocalización de empresas con financiación pública producidas por traslado de sede social o fiscal.