El Ararteko, Manu Lezertua, ha comenzado una actuación de oficio tras la muerte de dos presos en las prisiones de Zaballa y Martutene, y ha solicitado información al respecto al Ejecutivo de Lakua, responsable de la gestión de las cárceles de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Según ha explicado en un comunicado, el primer fallecido, Malek, fue hallado sin vida en una celda de Zaballa el 28 de febrero. Tan solo 24 horas después, se encontró el cadáver de un hombre de 57 años en la prisión de Martutene.

«En ambos casos, las circunstancias de los fallecimientos apuntan a dos posibles suicidios», ha apuntado el Ararteko, quien ha recordado que Lakua «ha iniciado los correspondientes expedientes para investigar lo sucedido en ambos casos».

«Como ha podido saber el Ararteko, continúa con las labores de investigación interna para el esclarecimiento de los hechos, así como de revisión del protocolo de prevención de suicidios en prisión», ha añadido.

«Relación de sujeción especial con las personas presas»

Y ha advertido de que, «además del problema que suponen los suicidios, asunto que ya apuntábamos en el Informe anual al Parlamento Vasco del año 2019, todas las muertes en prisión nos interpelan como institución».

Ha recordado que la oficina del Ararteko «tiene entre sus principales objetivos la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, y el derecho a la vida es el primero que debe garantizar una institución pública como es la administración penitenciaria que, además, tiene una relación de sujeción especial con las personas presas, con jurisprudencia ampliamente consolidada del Tribunal Constitucional al respecto».

En este sentido, conviene señalar que el pasado martes la familia de Malek anunció su intención de personarse en el proceso judicial abierto tras el deceso del joven con el objetivo de que se investigue lo ocurrido y se analice si la administración penitenciaria, en este caso el Departamento de Justicia de Lakua, ha obrado con la diligencia debida.

Censuró el proceder del citado departamento, remarcando que «fuimos nosotras quienes contactamos con el departamento en busca de ayuda, y no al revés». Y denunció la respuesta de las instituciones cuando reclamaron el cadáver de Malek: «Nos llegaron a decir que había sido un MENA y que no tenía familia».
También alertó de que no recibieron el pasaporte de Malek porque las autoridades no lo tenían. «¿Cómo es posible que las instituciones tengan una persona en su custodia y pierdan la documentación?», preguntó. Además, la familia tuvo que ir al Juzgado de Paz de Langraiz para obtener el certificado de defunción «porque nadie nos los daba».

A esto se debe sumar la presencia de «policía secreta en el velatorio haciéndose pasar por antiguos educadores de Malek». Según indicaron los allegados, «entraron directamente e intentaron interrogar a la familia». «Había muchos niños que habían pasado por centros en el tanatorio. Nadie conocía a esos educadores que estuvieron un tiempo dando vueltas por las inmediaciones del tanatorio», destacaron.