La plataforma Mikel Zabalza Gogoan de Aezkoa ha hecho público un comunicado a raíz del ascenso a teniente general del guardia civil Arturo Espejo, implicado en la muerte de Zabalza en 1985, y ha subrayado que tras tantos años «es doloroso volver a reafirmar, una vez más, que los torturadores tienen total impunidad».

La plataforma recuerda que Arturo Espejo era teniente del servicio de información el 26 de noviembre de ese año, cuando fueron detenidos los hermanos Mikel, Patxi y Aitor Zabalza, Manuel Vizcay, Ion Arretxe e Idoia Aierbe, y fue él quien dirigió la detención e interrogatorio de Mikel Zabalza, tal y como recogió el diario ‘El Mundo’ en su día. De acuerdo con aquella información, Zabalza fue torturado por los guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, «hasta la muerte», en el cuartel de Intxaurrondo. Al ver que «se les había ido de las manos», lo llevaron a la oficina del jefe del servicio de información. Allí, Espejo «le hizo el ‘boca a boca’, en vano’» y posteriormente «avisó al comandante Enrique Rodríguez Galindo, personándose en su domicilio».

En los interrogatorios y torturas a las que fue sometido también habrían participado los guardias Luis Sandoval Campos, Francisco Hermida Bouza y Francisco Javier Millán Pérez, según evoca la plataforma haciéndose eco de lo publicado por ‘El Mundo’.

Declaró como inculpado

Espejo también habría sido quien preparó «la coartada del Estado» junto al abogado Jorge Argote, esto es, la versión oficial que apuntaba que Zabalza huyó en Endarlatsa cuando lo llevaron a ver un zulo, esposado, y que días después apareció muerto en el río Bidasoa.

El ahora teniente general declaró como inculpado ante el juez en Donostia, pero la causa se archivó en 1988. A este respecto, Mikel Zabalza Gogoan señala que a pesar de que «los indicadores más lacerantes de impunidad son los ascensos, condecoraciones, cruces y medallas a los miembros de la Guardia Civil», no son «los únicos». «La impunidad no solo toca al cuerpo militar. También es responsable la justicia, y también lo es Gobierno español».

A juicio de la plataforma, este ascenso de cargo demuestra que «la tortura en el Estado español sigue necesitando de una impunidad absoluta» y que «la estrategia contra la disidencia política en Euskal Herria sigue viva».

Desclasificar los documentos

«Reducen a cero a las víctimas del Estado, haciéndolas de nuevo víctimas, demostrando que están lejos de alcanzar la verdad, la justicia y la reparación», ha denunciado.

Por ello, y ante «la humillación que deben vivir las víctimas del Estado», ha hecho un llamamiento a los responsables políticos y a las instituciones vascas para que «intervengan en la medida de sus posibilidades» y ha considerado «imprescindibl»e desclasificar la información que depende del Gobierno español para esclarecer el caso de Mikel Zabalza.

«Es imprescindible aclarar, reconocer y no volver a victimizar los 5.379 casos de tortura que se han producido en Euskal Herria, para dar pasos en favor de la convivencia real», ha subrayado.