Periodista catalán vinculado ‘La Directa’, además de colaborador de NAIZ, Àlex Romaguera publicó hace unos meses ‘Víctimes en so de pau’ (‘Víctimas en son de paz’), una colección de entrevistas seleccionadas a víctimas de violencia política de diverso signo en el Estado español, entre las que destacan nombres más que conocidos en Euskal Herria, como son los de Pili Zabala, Rosa Rodero, Fermin Rodríguez, Sara Buesa, Aitziber Berrueta o Rosa Lluch. Ampliando el foco a los Països Catalans y al Estado, también están Merçona Puig Antich, Guillem Agulló o Pilar Manjón, entre otras.

Dueña cada una de su dolor y su historia, Romaguera reivindica el pleno reconocimiento para todas ellas, algo que echa de menos en el caso de las víctimas de la violencia del Estado.

¿De dónde surge el proyecto?

Tiene su origen en 2011, cuando con ocasión de los Encuentros Restaurativos organizados por el Gobierno Vasco entrevisté a Maixabel Lasa, quien entonces dirigía la Oficina de Atención a las Víctimas; Mari Carmen Hernández, viuda de Juan Mari Pedrosa; y Robert Manrique, herido en el atentado de Hipercor. Más tarde tuve conocimiento de que en 2014 y 2015 se celebraron en Madrid varias reuniones de familiares de víctimas de signo diverso, las cuales instaron públicamente a trabajar para lograr escenarios de acercamiento y diálogo. Una posición que contrasta con la deriva de las principales asociaciones de víctimas, que bajo la tutela de la derecha española, han solido proyectar un mensaje basado en el castigo y la venganza.

¿Con qué criterios escogió a las víctimas entrevistadas?

Opté por ellas porque, aparte de dimensionar el drama humano que ha causado la violencia política en el Estado español desde el tardofranquismo hasta la actualidad, coinciden en el hecho de que han experimentado un proceso de resiliencia. Es decir: lejos de quedarse instaladas en la rabia y el rencor, han transformado su vivencia en un motor para comprometerse, cada una desde su ámbito, en la defensa de la paz y los derechos humanos. Para ellas, de la misma forma que no debe haber asesinatos de primera y de segunda, tampoco debe haber una doble vara de medir respecto a las víctimas. Entienden que todas, al margen de quien haya sido el victimario, han de tener satisfechos los tres principios formulados por las Naciones Unidas en 1997, los conocidos como Principios de Joinet: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

El inaudito final de ETA, con acompañamiento social pero sin negociación con el Estado, no ha dado pie ni a comisiones de la verdad ni a justicia restaurativa. ¿Qué percepción tiene sobre la huella que este particular final ha dejado sobre las diferentes víctimas?

En general participan de la idea de que la sociedad civil es el principal motor de cambio social, razón por la cual celebran que diversos agentes sociales y políticos empujaran a ETA a abandonar la actividad armada. Igual que subrayan que, fruto de la iniciativa ciudadana, muchas vulneraciones ocurridas en el pasado hayan transcendido a la opinión pública o que algunas instituciones hayan reconocido a víctimas que habían sido ninguneadas. Es el caso, por ejemplo, de los tributos a los obreros asesinados el 3 de marzo del 76 en Vitoria, al militante comunista Germán Rodríguez, muerto en los Sanfermines del 78, o al joven antifascista Guillem Agulló, asesinado en Valencia en 1993.

«En ningún momento aluden al perdón, sobre todo reclaman que los victimarios admitan el daño causado y se comprometan con una convivencia en paz»

Suele decirse que aquí unas víctimas han tenido el amparo institucional, y otras, mayor apoyo social. ¿Ha encontrado indicios de este sentir en las entrevistas con diferentes víctimas? ¿En qué sentido?

Sin duda. Todos los testimonios son rotundos en pedir que los diferentes sectores sociales, políticos e institucionales no hagan distinciones entre víctimas y, de forma diligente, garanticen los derechos que han de ampararlas. En ningún momento aluden al perdón, que en algún caso podría ser reparador. Sobre todo reclaman que los victimarios admitan el daño causado y se comprometan a establecer las medidas oportunas para lograr una convivencia en paz. Una paz que, para estas personas, no se limita a la ausencia de violencia. Supone sobre todo terminar con políticas que vulneran los derechos humanos –como era la dispersión de los presos–, perpetúan la impunidad de los victimarios –caso de la Ley de Secretos Oficiales o la Ley de Amnistía de 1977– o discriminan las personas por razón de origen, clase social o identidad sexual.

En el libro entrevista a once mujeres y a cuatro hombres. ¿El rol de víctima tiene cara de mujer?

Es una de las conclusiones. Rebela cómo las compañeras, madres o hijas de víctimas han tenido una actitud proactiva en la exigencia de la verdad y la justicia, ya sea durante la investigación de los casos o en los procesos judiciales que han podido celebrarse. Seguramente esto obedece a la gestión de las emociones y al rol de cuidadoras que siempre han ejercido las mujeres. Los testimonios de Pili Zabala, Aitziber Berrueta, Sara Buesa, Rosa Lluch, Rosa Rodero, Eva Barroso, Pilar Manjón, Marga Labad, Merçona Puig Antich, Maria Rueda y Mavi Muñoz así lo corroboran.