Como ya hizo el pasado 22 de julio en el caso del atentado de Gasteiz, el Tribunal Supremo español ha anulado otra absolución de Marixol Iparragirre, en este caso, en relación a un atentado cometido el 21 de julio de 1997 contra una comisaría de Oviedo. El tribunal sustenta su decisión en que observa «importantes grietas de motivación» en la sentencia de la Audiencia Nacional, por lo que ha ordenado dictar una nueva.

La Sala de lo Penal, en una ponencia de su presidente, Manuel Marchena, ha estimado el recurso de la Fiscalía contra la sentencia dictada el 21 de enero de 2021 al apreciar una «falta de coherencia» en dicho fallo, por lo que encarga al tribunal que juzgó el caso que dicte nueva sentencia valorando las pruebas que excluyó de su primer pronunciamiento.

Se trata de un informe elaborado por la Guardia Civil sobre los hechos y de la declaración realizada por Kepa Arronategi, que ya fue condenado por el mismo atentado. La Audiencia Nacional había descartado el testimonio de Arronategi como prueba por «las circunstancias de la detención del testigo, la imposibilidad de designar abogado de confianza durante el tiempo de su detención incomunicada y las amenazas de las que habría sido objeto en dependencias policiales».

Durante el juicio por el atentado de Oviedo, Iparragirre rechazó las acusaciones y reivindicó una resolución del conflicto justa, «sin cerrar la puerta en falso».

«Lo que quiero es que nos sentemos, que no cerremos otra vez una puerta en falso como se hizo después de la Guerra Civil. Yo quiero que hablemos de por qué ha pasado, que todo el mundo pueda hablar y decir lo que ha vivido y nos sentemos y pongamos unos mínimos», declaró ante el tribunal.

Otra absolución anulada

El pasado mes de julio, el alto tribunal ya anuló otra sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a Iparragirre del atentado con coche bomba contra el polideportivo de Mendizorrotza, ordenando repetir el juicio.

En este último caso, el Supremo sustentó su decisión en que la Audiencia Nacional había omitido «con una argumentación no racional» la valoración de una prueba dactiloscópica que «para el Fiscal, con fundamento objetivo, tenía un alto valor».

Estos juicios son solo dos de los que está sufriendo Iparragirre desde su entrega tras cumplir una condena de casi 20 años en el Estado francés.