El Servicio de Registro de Personal del Gobierno de Lakua ha «iniciado las gestiones para abrir un periodo de información o actuaciones previas» sobre si el ex director general de la SPRI Alexander Arriola, el ex director general de Osakidetza Juan Luis Diego Casal y otra decena de altos cargos del Ejecutivo autonómico incumplieron la legalidad, al pasar a empresas del sector privado tras sus ceses sin comunicarlo previamente a la Administración como establece la norma.

El propio Servicio de Registro de Personal reconoce que ha dado este paso «por ser el objeto de solicitudes de información del Parlamento Vasco, sobre las que se ha solicitado informe a este Servicio, y por la amplia difusión que han tenido en los medios de comunicación social».

Es decir, han sido las informaciones publicadas por GARA y NAIZ las que han provocado cierta reacción social y política. Cabe recordar que en la comparecencia de la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, en el Parlamento del 13 de marzo para hablar de los casos de puertas giratorias que destapó este medio al exponer la trayectoria del exdirector de la SPRI, varios grupos de la oposición se hicieron eco de la noticia publicada ese mismo día de que «Lakua dejó pasar al sector privado sin permiso a una docena de altos cargos».

Fue el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona quien con esas informaciones formuló varias preguntas a la consejera Olatz Garamendi sobre esos cargos públicos en general y sobre Alexander Arriola y Juan Luis Diego Casal en particular, cuya respuesta llegó ayer a la Cámara, con cierto adelanto sobre el fin de plazo para la contestación, quizá para coincidir con una semana de baja actividad política.

Contravinieron la ley

En sus respuestas, Garamendi anuncia que el Servicio de Registro de Personal, ante las informaciones periodísticas y las iniciativas parlamentarias, ha abierto un «periodo de investigación o actuaciones previas» porque «si estos hechos resultaran acreditados y se hubiera
dado una relación directa entre las empresas en las que trabajan y el desempeño en el cargo en el que cesaron, podría suponer el incumplimiento del régimen material de incompatibilidades».

Se anticipa que estas actuaciones serán de «carácter informativo y reservado para determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación». Por ley, el paso «será notificado a la persona interesada, dándole oportunidad de presentar las aportaciones que considere oportunas».

Es necesario precisar que no solo contraviene la ley el que «el cargo público hubiera tenido una relación directa con la empresa que le contrataba», sino que es obligación siempre «durante el periodo de los dos años posteriores al cese», «efectuar declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio».

Esta obligación está recogida en el artículo 18.5 del capítulo III de la Ley Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Público. Y, según el artículo 28.1.b de dicha norma, es una infracción muy grave «el incumplimiento del régimen material de incompatibilidades a que se refiere el capítulo III».

Los casos de Diego y Arriola

La efectividad del Gobierno de Lakua en esta materia ha quedado en entredicho con estas puertas giratorias.

Por ejemplo, Juan Luis Diego Casal, hombre de la entera confianza del lehendakari, Iñigo Urkullu, fue cesado el 25 de octubre de 2020 como director general de Osakidetza y en tres meses fue nombrado consejero delegado de Edinor, una filial de Petronor. El Ejecutivo no puede alegar desconocimiento de lo ocurrido porque fue aireado por los medios y EH Bildu preguntó a la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, por lo ocurrido. Y su respuesta fue que al ser también presidenta de la Comisión Ética no podía hablar del tema.

En cuanto a Alexander Arriola, su nombramiento en Alias Robotics apareció en el BORME. Josu Estarrona preguntó si el Servicio no había detectado nada, y éste responde que el artículo 24 no le atribuye «funciones de investigación», sino de «gestión administrativa». Pero el 27, de «comprobación e información», recoge que el Registro de Personal «realizará el seguimiento del cumplimiento por los cargos públicos de las obligaciones de presentación de declaraciones de actividades», «requiriendo su cumplimiento cuando sea necesario».

El exdirector del Ejie tenía un contrato blindado al Código Ético

Alex Etxeberria, después de nueve años como director general de la Sociedad Informática del Gobierno de Lakua (EJIE) fue nombrado director general de Atlantic Data Infrastructure (ADI), un novedoso centro de almacenamiento de datos en la nube constituido por Euskaltel (21,5%), Dominion (21,5%), Teknei (21,5%) y Lakua (15%).

Alex Etxeberria tampoco pidió ningún tipo de informe de compatibilidad para pasar al sector privado. Dejó de ser director del EJIE el 14 de septiembre de 2022 y para entonces, el 19 de agosto de 2022, la propia Atlantic Data lnfrastructure, en sus comunicaciones ya anunciaba que sería el director general de Atlantic Data lnfrastructure. La EJIE, bajo la dirección de Etxeberria, ha contratado con las empresas que constituyen ADI y sus filiales.

Elkarrekin Podemos-IU preguntó por el tema a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, por el caso, y ésta respondió que el Código Ético que solo afecta a los altos cargos contratados tras la entrada en vigor de la ley en 2014 y Etxeberria fue contratado en 2013.
Josu Estarrona, de EH Bildu, preguntó después a la consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi,si esto era realmente así y si, por tanto, ella misma estaba excluida del Código Ético por ser alto cargo desde antes de 2014.

Esta respondió que «en los casos en los que haya un nuevo nombramiento con fecha posterior a la entrada en vigor de la ley, sí que serán aplicables los preceptos de la misma»
Precisamente, en el caso de Alex Etxeberria, la web del propio Gobierno Vasco, Irekia, da cuenta de sus nombramientos como director del EJIE en cada nueva legislatura.

Sin embargo, la misma Olatz Garamendi responde nuevamente a otra pregunta de Elkarrekin Podemos-IU que «la relación de servicio de Alex Etxeberria Aranburu se formalizó mediante la suscripción, con fecha 19 de noviembre de 2013, de un contrato de alta dirección para el desempeño del puesto de Director General de EJIE. En la cláusula segunda del contrato se establece que ‘El presente contrato será de duración indefinida’. Por tanto, dicho contrato no ha estado sujeto a prórroga o renovaciones» y el Código Ético no le afecta.

Y añade que «la información de Irekia hace referencia simplemente a los periodos de desempeño por Alex Etxeberria Aranburu del cargo de Director General de EJIE, correspondientes a cada una de las legislaturas».

Alex Etxeberria fue informático de la empresa Corrugados entre 1991 y 2009, año en el que fue elegido parlamentario del PNV. Cuando los jeltzales volvieron a Ajuria Enea, pasó en 2013 a dirigir la EJIE. En 2022 dio el salto a ADI, que lo presentó como un «profesional con amplia experiencia y conocimiento en el sector TIC».