El Gobierno de Lakua ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Educación, una norma compuesta de 101 artículos que será remitida al Parlamento de Gasteiz, donde se abrirá una etapa de «análisis y debate para que Euskadi cuente con una ley actualizada y moderna al servicio de todos y todas».

Así lo ha indicado ante los medios de comunicación el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que ha insistido en que la ley es «fiel y leal» a las bases acordadas entre los grupos parlamentarios el pasado curso.

«Desde el Gobierno Vasco hemos trabajado para dar respuesta al mandato recibido por la Cámara Vasca y el texto hoy aprobado respeta tanto el contenido como el espíritu del acuerdo parlamentario, y que tendrá que ser debatido y refrendado», ha aseverado.

Ha incidido en que la norma «tiene como finalidad principal ofrecer al alumnado una educación de calidad, integradora, con oportunidad de oportunidades, con la escuela pública como pilar fundamental y con una firme apuesta por la innovación».

En este sentido, conviene señalar que la ley, compuesta por seis títulos y 101 artículos, establece que «el Sistema Educativo Vasco se sustentará esencialmente en la red de centros públicos existente y en la que, en función de las necesidades, se pueda crear en el futuro»; y propone un modelo «plurilingüe, articulado en torno al euskera, y se estructura en dos lenguas oficiales y, al menos, una lengua extranjera».

«Modelo lingüístico de centro»

El consejero ha destacado que «las familias han tenido, tienen y van a seguir teniendo el derecho a elegir el modelo en que quieren que se eduque a sus hijos e hijas»; y ha incidido en que «los centros van a tener que desarrollar un modelo lingüístico de centro».

«Cada uno de los centros responde a un ecosistema sociolingüístico totalmente diferente, porque no es lo mismo tener un modelo D en un barrio de Bilbao, por ejemplo, que un municipio guipuzcoano como Berastegi», ha añadido, y ha señalado que «lo que nosotros pretendemos es que cada centro responda a su realidad lingüística».

Asimismo, ha remarcado que tanto el euskara como el castellano tendrán «un perfil de salida», para que una vez finalizada la ESO se alcance un nivel B2 en las lenguas oficiales y el B1 en una tercera lengua.

Inclusión y gratuidad

También se ha referido a la posibilidad de poner fin a la concertación en caso de que un centro vulnere la ley, que advierte de que «todos los centros, tanto los de titularidad pública como los privados concertados, asumirán su compromiso social con la educación y realizarán una escolarización sin exclusiones, acentuando así el carácter complementario de ambas redes escolares, sin perder su singularidad».

Además, se establece la «garantía de gratuidad» y se rechaza la segregación. «Quienes no cumplan las condiciones no podrán recibir fondos públicos»», ha destacado Bildarratz.

Cuestionado sobre la diferencias vigentes sobre la ley en el seno del Ejecutivo, el consejero ha insistido en que se trata de una «decisión del Gobierno y cuenta con apoyo de todos los miembros del Consejo del Gobierno».

Reacciones ante el proyecto de ley

Sin embargo, el PSE, socio de los jeltzales, ha censurado que la norma ha llegado al Consejo de Gobierno «sin que el texto pueda responder a todos los objetivos marcados» en el Parlamento.

«Ha contado con el voto favorable de los representantes socialistas porque no es nuestra intención obstaculizar su tramitación ni la búsqueda de consensos más amplios, pero para contar con nuestro apoyo futuro deberá resolver determinados aspectos», ha apuntado, alertando de que «no comparte que puedan relegarse los modelos lingüísticos actuales».

Por su parte, EH Bildu «analizará minuciosamente» el anteproyecto de ley «para garantizar que se cumpla el detalle del pacto» educativo firmado hace un año, según ha indicado el parlamentario Ikoitz Arrese.

Aunque no ha querido «avanzar ningún tipo de posición» sobre el proyecto legislativo, ha señalado en declaraciones a los periodistas que si la norma «recoge lo acordado» en el pacto no cree que «haya problema en que EH Bildu lo avale». El director de programa de la coliación, Pello Otxandiano, comparece este miércoles en Donostia para opinar con más profundidad. 

La parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga, que ha calificado de «gran noticia la aprobación de la nueva ley, ha emplazado a los grupos de la Cámara de Gasteiz a «arrimar el hombro» para que el proyecto salga adelante en el Parlamento con un «amplio consenso político».

También se han pronunciado sobre la aprobación de la nueva ley varios sindicatos y otros agentes sociales, como Euskalgintzaren Kontseilua, que ha incidido en que el proyecto necesita garantizar una mayor presencia del euskera.

Aunque ve con buenos que se establezca el perfil B2 para asegurar la competencia lingüística del alumnado considera que en el texto «falta concreción» porque pese a que en la exposición de motivos se dice que el euskera es una «lengua minorizada», esta frase «no se desarrolla con medidas» y lamenta que no se especifique «cómo debe interpretarse un sistema plurilingüe en cuanto al modelo lingüístico, cómo deberá aplicarse cada centro, ni cómo será la exposición horaria en cada idioma».

Desde el sector sindical, ELA ha criticado duramente la ley porque considera que «perpetúa» el actual sistema educativo con no más que «pequeños cambios superficiales». Por tanto, ha anunciado que se pondrá en contacto con agentes sociales y otros sindicatos para acordar movilizaciones y proponer huelgas.

CCOO también ha rechazado el anteproyecto de ley de educación «en su totalidad», ya que considera que supone «una amenaza» para la escuela pública vasca y no es «el que este país necesita».

LAB sí ha celebrado algunos puntos del acuerdo, en concreto las aportaciones que realizó al texto este sindicato; por ejemplo, que se hayan concretado las obligaciones que los centros deben cumplir para que obtengan fondos públicos o la creación de una unidad de administración para garantizar la gratuidad de las cuotas.

Sin embargo, también ha señalado algunas carencias del anteproyecto de ley. «Por un lado, no compartimos que al Servicio Vasco de Educación se le haya puesto el apellido de público. Entendemos que el Servicio Vasco de Educación no es una estación final, sino un escenario intermedio de confluencia para una red pública, única y descentralizada», ha ahondado. En este sentido, el sindicato ha incidido en la importancia de la definición de las obligaciones de los centros para recibir fondos públicos y cree que cuando se incumplen estas obligaciones, «debe recogerse explícitamente la posibilidad de perder la concertación».

Steilas ha expresado su rechazo al proyecto de ley, porque a su juicio se ha hecho «de espaldas a la comunidad educativa» y busca «blindar» a la red privada concertada ante la caída de la natalidad.

En un comunicado, ha considerado que el Ejecutivo de Lakua ya tiene «atado y bien atado» sacar adelante este proyecto de ley, «sin consenso social».

Para Steilas, el proyecto tiene un «espíritu privatizador» y una «lógica neoliberal», equipara a la red pública y la privada, no da pasos «concretos» contra la segregación escolar y «fomenta la competición entre centros». Además, cree que no se avanza hacia la «inmersión» en euskara porque «sigue sin existir obligatoriedad para que sea lengua vehicular en todos los centros educativos».