Los hechos ocurrieron el 8 de mayo, cuando los arrantzales estaban dispuestos a zarpar. El armador les comunicó que el barco no saldría del puerto, sin dar ninguna razón ni explicación clara. Las y los pescadores, ante la imposibilidad de entender lo que estaba ocurriendo y la situación en la que iban a quedar, se dirigieron a la cofradía en busca de información, donde les informaron de que la empresa había dado de baja en la Seguridad Social a quienes tenían contrato.

Porque además la mitad de la tripulación estaba trabajando sin contrato. «Si esto es muy grave en cualquier otra empresa, lo es aún más para los que trabajan en el mar, porque no han recibido los cursos de seguridad, salvamento, primeros auxilios o socorrismo que son imprescindibles», ha subrayado LAB.

El sindicato ha lamentado que no se trata de un hecho aislado y ha denunciado las «condiciones lamentables» en las que tenían que trabajar estos pescadores, muchos de ellos migrantes y condicionados por la Ley de Extranjería, que «les obliga a permanecer en la economía sumergida».

De igual forma, han pedido a las instituciones que «asuman sus responsabilidades políticas», que garanticen unas condiciones laborales «dignas» a los pescadores y que actúen contra la progresiva reducción de la flota vasca.