Todas las naciones tienen sus mitos fundacionales, asideros con los que explicarse a sí mismos y a los demás. No importa su veracidad, sino su capacidad de proyectar lo que uno siente que le define. El mito fundacional español, una dudosa gesta militar que llaman Reconquista –ocho siglos para expulsar a los musulmanes no parece una gran victoria bélica–, resulta muy gráfico en este sentido.

Es un mito fundamentalmente reaccionario. Aunque más extendido de lo que hoy podría suponerse –el Partido Comunista llamó «Operación Reconquista» al intento de invasión de la Vall d’Aran en 1944–, es una entelequia que apasiona a la derecha. En 1976, pusieron el mismo nombre a la operación para hacerse con la romería de Montejurra.

No es de extrañar, desde luego, que Santiago Abascal aproveche cualquier excusa para montar a caballo y disfrazarse de caballero de la mesa cuadrada. En 2019 arrancó la campaña electoral en Covadonga. Hace un mes, celebró la entrada en las Juntas de Araba como «la primera piedra de una reconquista».

El concepto encaja además a la perfección con la ola reaccionaria global que ha puesto en pie de guerra a quienes han visto peligrar algún privilegio, ya sea por los avances del feminismo, por las tímidas políticas para mitigar el cambio climático o por la parcial extensión de un sentido común algo más igualitarista en diferentes ámbitos. Toda reconquista implica un territorio perdido. Este es el que quiere recuperar la derecha. Aquí coinciden PP y Vox.

Enemigo y programa compartidos

Toda reconquista implica también un enemigo usurpador. En este caso, el sanchismo, otro invento con el que la derecha invoca a todos sus demonios. El mandato de Sánchez, en términos generales, ha sido bastante discreto y sus principales avances llevan la firma original de Podemos, EH Bildu y ERC, pero la derecha ha convertido el sanchismo en un cajón de sastre cuya sola mención sirve para enardecer a los suyos.

Pero PP y Vox no solo comparten enemigo. Abortado por la vía rápida el conato extremeño de resistencia al pacto con Abascal, los acuerdos alcanzados la semana pasada en Extremadura y Baleares confirman que la hoja de ruta de esta reconquista es la establecida en el acuerdo de gobierno del País Valencià. Merece la pena leerlo con cierto detalle, pues ahí están las coordenadas de lo que cabe esperar si Feijóo y Abascal suman el 23J.

Para empezar, no deja de llamar la atención la similitud del formato y la estructura. No son, evidentemente, acuerdos entre las delegaciones territoriales de cada partido. Esto se negocia, se escribe y se firma en los despachos de Madrid, a nivel estatal. Es obvio, pero conviene no olvidarlo. En segundo lugar, a la vista de lo firmado, la entrada de Vox o no en el gobierno es casi accesoria. En València, Vox está en el Ejecutivo, en Baleares no, pero el contenido del acuerdo, y el compromiso para cumplirlo, es el mismo. Volveremos a escribir esto más adelante: no son imposiciones de Vox al PP. Es un programa que, en sus líneas maestras, los de Feijóo comparten.

Respecto a la letra pequeña, una de las primeras medidas específicas anunciadas en el acuerdo valenciano es la eliminación de las iniciativas que buscan recuperar la memoria histórica de la Guerra del 36 y la represión franquista. Se amparan en la defensa de «la libertad de memoria» y proponen derogar «las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos». La unidad de España y el fin de cualquier subvención a «entidades y asociaciones que promuevan los ‘països catalans’» también van en el primer bloque.

A continuación entran en la economía, en la que se centran, básicamente, en una bajada generalizada de los impuestos, empezando por el de sucesiones y donaciones, y por el de patrimonio, que buscan gravar a las rentas por encima de la media. Se anuncia una «reducción drástica del IRPF», así como una bajada de las tasas autonómicas «que impiden el crecimiento», incluyendo la eliminación de la tasa turística. Es casi entrañable que, más adelante, anuncien un incremento del gasto sanitario y más medios para la Educación. Un ámbito, este último, en el que se frenará la presencia del catalán, bajo la bandera de la «libre elección», y se reforzará la inspección «para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas». Una expresión con la que la derecha suele referirse tanto a cuestiones de memoria histórica como de sexualidad o feminismo. Difícilmente podría aplicarse en el País Valencià un programa pionero como Skolae.

En el apartado medioambiental, anuncian la promoción de los trasvases y la ampliación de regadíos, una política que solo puede ser tildada de negacionista en una comunidad golpeada por la sequía y con grandes riesgos de desertificación.

El ámbito de las políticas sociales y de familia es otro cajón de sastre donde PP y Vox introducen tanto un lenguaje negacionista de la violencia machista y el patriarcado –como es la referencia a la erradicación «de la violencia intrafamiliar, (…) garantizando la igualdad entre todas las víctimas»–, como la promesa de un aumento del parque de vivienda. Unido al anuncio de nuevas infraestructuras, este punto reaviva el fantasma de la burbuja inmobiliaria que pinchó con la crisis de 2008 y que tuvo en el País Valencià un punto neurálgico.

En materia de seguridad, las medidas antiocupación, el apoyo «a los Cuerpos y Fuerzas del Estado exigiendo que se les proporcionen todos los medios materiales, personales y jurídicos necesarios» y la persecución de la «inmigración ilegal», las «mafias organizadas» y «las entidades que amparen estas prácticas» –otra entelequia en la que la derecha acostumbra a meter a iniciativas de salvamento como la del Aita Mari– da cuenta de la agenda autoritaria, securócrata y liberticida que alimenta a estas fuerzas.

Ante este panorama, rigor y precaución

Este programa reaccionario ofrece a los partidos vascos un marco antifascista que acostumbra a funcionarles, siempre que se aplique con cierta delicadeza. Hay que hilar fino, para empezar, porque no todo es fascismo. A veces es solo una agenda reaccionaria y tremendamente retrógrada, merecedora igualmente de todas las alertas. Cuando la descripción es suficientemente elocuente, la adjetivación puede racionarse.

También conviene recordar que pedir el voto contra la misma derecha española con la que luego se pacta en casa resulta cuanto menos cuestionable. El ejercicio contorsionista del PNV en estas elecciones es de alto riesgo. Piden el voto azuzando el miedo al lobo, pero apenas logran disimular las ganas de un PP fuerte que no dependa de Vox y al que ellos puedan entronizar, aspirando así a dejar fuera de juego a EH Bildu en Madrid. Es peligroso para los propios jeltzales –basta leer los resultados del 28M–, pero lo es sobre todo para el país entero. Toca volver a escribirlo: el programa valenciano no es una imposición de Vox al PP; más allá de matices lingüísticos, es un programa que los de Feijóo comparten y tratarán de llevar a la práctica en la Moncloa.