Oxfam Intermón y ActionAid han denunciado que los beneficios extraordinarios de las grandes empresas se disparan hasta 1 billón de dólares al año «en plena crisis por el coste de la vida». Asimismo, insisten en poner en marcha un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios.

Piden a los Gobiernos un impuesto de entre el 50% y el 90% sobre los beneficios extraordinarios de estas 722 megaempresas. Ese gravamen podría generar entre 523.000 millones y 941.000 millones de dólares tanto en 2021 como en 2022 y se destinaría a «ayudar a personas con dificultades para hacer frente al hambre, la subida de las facturas de la energía y la pobreza en los países ricos, y a proporcionar cientos de miles de millones de dólares para ayudar a los países del Sur global».

Han explicado que en el Estado español, 28 de las principales grandes empresas obtuvieron de manera conjunta más de 18.000 millones de euros en beneficios extraordinarios en 2022 y, «al mismo tiempo, los salarios reales retrocedieron en más de un 5%, una de las caídas más importantes entre los países de la OCDE».

Un análisis elaborado por Oxfam Intermón y ActionAid a partir de la lista ‘Global 2000’ de Forbes muestra que, en 2021 y 2022, estas empresas vieron aumentar sus beneficios un 89% respecto al periodo prepandemia, comprendido entre 2017 y 2020. Los «beneficios caídos del cielo», aquellos que superaron el 10% de los beneficios promedio obtenidos durante el cuatrienio anterior, alcanzaron los 1,09 billones de dólares en 2021 y los 1,1 billones en 2022.

«Hay que frenar la codicia de las grandes empresas. Resulta obsceno que hayan obtenido miles de millones de dólares en beneficios caídos del cielo mientras, a escala mundial, miles de millones de personas, pero también en España, tienen dificultades para hacer frente a los precios de los alimentos o de productos básicos como medicamentos o calefacción», aseguró Iñigo Macías, responsable de investigaciones de Oxfam Intermón.