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Las trabajadoras de Gorabide logran una subida salarial del 23,76% tras 26 jornadas de huelga

Las asambleas de trabajadoras de Gorabide, que se dedican a atender las necesidades de personas con discapacidad intelectual, han ratificado el preacuerdo suscrito por la empresa y los sindicatos LAB y ESK, que arranca mejoras sustanciales, como una subida salarial del 23,76%. ELA lo rechaza

Trabajadoras de Gorabide en una acampada ante la sede de la asociación.
Trabajadoras de Gorabide en una acampada ante la sede de la asociación. (Monika Del Valle | FOKU)

Tras años de lucha, la plantilla de Gorabide, entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual, ha logrado mejorar sus condiciones laborales y de vida gracias al acuerdo alcanzado entre la dirección y los sindicatos LAB y ESK. Por su parte, ELA lo rechaza y lamenta que la firma está supeditada a la Diputación de Bizkaia, sosteniendo que no se garantiza el poder adquisitivo en sus siete años de vigencia.

Las asambleas de trabajadoras ratificaron el jueves el preacuerdo, que contempla una subida salarial para toda la plantilla del 23,76%, por encima del IPC. «Esta subida supone un aumento salarial por encima del IPC, teniendo en cuenta los IPC conocidos y las proyecciones de los años futuros», exponen desde la representación sindical.

Además, se ha acordado una garantía de revisión del IPC real y cierta, que en caso de que el IPC sea mayor que la subida pactada, la diferencia se cobrará desde el 1 de enero.

LAB y ESK apuntan a que «con este acuerdo se han superado los topes salariales que la Diputación Foral de Bizkaia y Gorabide querían imponer en el sector y que decían que eran inamovibles».

Medidas sociales

Este acuerdo recoge asimismo medidas sociales que, desde el inicio del conflicto, formaron parte de la tabla reivindicativa de las trabajadoras, como 8 días de libre disposición, la posibilidad de reducción de jornada hasta que el hijo o hija cumpla los 14 años, licencia para acompañamiento de padres o madres mayores de 70 años, contrato de relevo y que la empresa limite a 7 días los ciclos de trabajo de las personas con contrato PAD22 y PAD 22/ITP.

Incluye compromisos que, para las centrales, permitirán profundizar y disputar otras reivindicaciones como son las jornadas parciales o la tasa de eventualidad por debajo del 10%.

Valoración de LAB

Es por ello que en LAB valoran muy positivamente este acuerdo, «que conlleva una mejora real de las condiciones a toda la plantilla». «Este acuerdo garantiza el poder adquisitivo y aplica medidas sociales que mejorarán la conciliación y la vida de las trabajadoras y trabajadores de Gorabide», subrayan.

Desde LAB felicitan a todos y todas las trabajadoras que han mantenido viva la lucha, que han secundado 26 jornadas de huelga, participado en las asambleas, en las acampadas, en los cortes de tráfico, en todas y cada una de las movilizaciones. «Sin todo el esfuerzo y dedicación que cada una de vosotras ha puesto es este conflicto, no hubiésemos alcanzado este acuerdo. Esta lucha ha conseguido dos grandes avances, además de lo recogido en el acuerdo», destacan.

A juicio de la central, la lucha de los trabajadoras «en primer lugar, ha visibilizado un sector olvidado y ha conseguido poner en la agenda social a las trabajadoras que cuidan, acompañan y educan a las personas con diversidad funcional. Y en segundo, ha empoderado a la plantilla ante la empresa y le ha demostrado que los tiempos de la imposición se han acabado».

Rechazo de ELA

ELA cree que el preacuerdo no contiene las mejoras que merece el colectivo que llevaba desde 2021 intentando negociar un convenio digno. «La aplicación del convenio está supeditada a la actualización de los convenios de colaboración de Gorabide con la Diputación Foral de Bizkaia», advierten.

Además, el sindicato que se ha descolgado del acuerdo, apunta a que «no tiene ninguna subida salarial en los años 2020-2022, lo que supone una perdida salarial en atrasos de 2209,2€ (IPC años 2020-2022) categoría PAD)». Añaden que siendo un convenio de una vigencia «extremadamente larga» –7 años– no garantiza en su vigencia el IPC.

ELA manifiesta que se acuerdan comisiones para materias como el empleo o la conciliación «sin ninguna obligación de cumplimiento. «Dichas comisiones y las medidas que se valoren no pueden tener repercusión económica por lo que no existe margen de mejora», añade.