El estupor por el atentado del 8 de julio de 2022 contra el ex primer ministro nipón, Shinzo Abe, que favoreció unas elecciones clave para el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) japonés, dio paso a la furia de la ciudadanía tras quedar en evidencia el largo y extenso vínculo de este culto religioso con el poder.

Se estima que el 80 % de los aproximadamente 100 benefactores políticos del grupo en el país eran del PLD, lo que sacudió la confianza pública en el Gobierno de Fumio Kishida durante meses.

El incidente derivó en una «limpieza» del Ejecutivo y del partido gobernante para sacar a políticos con vínculos demostrados con este credo, oficialmente llamado Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo y también conocida como «secta Moon», que cuenta con una amplia red de influencias políticas a nivel internacional.

El detenido por el atentado, Tetsuya Yamagami, se encuentra a la espera de juicio y dijo que atacó a Abe por el rencor que le guardaba al credo, al que acusa de captar a su madre y llevar a su familia a la bancarrota a través de donaciones.

Abuelo y mentor

Algunas teorías sostienen que la llegada del grupo a Japón fue facilitada por el exmandatario Nobuo Kishi, abuelo de Abe, lo que llevó a Yamagami a descargar su rencor en su heredero político.

El estatus legal del grupo, constituido como una organización religiosa corporativa que, por tanto, goza de ventajas fiscales, ha sido objeto de especulaciones desde que la Administración Kishida iniciara una investigación sobre sus actividades el año pasado. De los resultados, pendientes, depende que el grupo pueda ser disuelto.

Fundada en 1954 en Corea del Sur, esta agrupación es conocida por sus bodas masivas y entre los puntos que se están investigando están las «ventas espirituales», con las que supuestamente coacciona a sus miembros para que compren objetos a precios desorbitados, por las que le han abierto numerosos procesos judiciales en el archipiélago.

La muerte de Abe provocó la salida a la luz de numerosas víctimas del credo, especialmente de hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para dar sus bienes al grupo.

A la luz de las informaciones y en medio de la revelación de las conexiones de la política nacional y el grupo, del que se cree que habría estado comprando votos para candidatos, el Ejecutivo sacó adelante en diciembre una ley de ayudas para esas víctimas, aunque siete meses después todavía no se ha concretado.

El caso quedó en segundo plano en medio de la coyuntura actual, con la subida de la inflación y eventos políticos como la cumbre del G7 de Hiroshima en el ojo mediático, pero el aniversario de la muerte de Abe y los rumores de un adelanto electoral nacional están volviendo a centrar la atención en la situación actual del caso y la influencia del grupo en el devenir político del país.