En marzo de 2020, con la pandemia del coronavirus causando estragos en todos los ámbitos de la sociedad, entró en vigor el denominado escudo social, unas medidas especiales para ayudar a las personas más vulnerables y facilitar una recuperación económica y social «justa y equitativa» en una situación que se presentaba como temporal. Tuvo un enfoque multidimensional, pero se centró especialmente en cuestiones como el empleo, la vivienda o la energía.

La primera medida, y una de las de mayor impacto, fueron los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), con el fin de evitar despidos y cierres de empresas. El sector público asumió la mayor parte de los salarios de los trabajadores mediante prestaciones y exoneró a las empresas de las cotizaciones. Se calcula que 4,1 millones de personas y 550.000 empresas se beneficiaron de esta medida.

Se habilitó un Fondo Social Extraordinario para reforzar la asistencia a personas dependientes y un Fondo para garantizar la alimentación de niños/as de familias en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito de la vivienda, se suspendieron los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, se prorrogaron los contratos de alquiler durante 6 meses y se aplicó una moratoria hipotecaria y reestructuraciones o quitas parciales de deuda en arrendamientos de grandes propietarios. En el de la energía se prohibieron los cortes de suministros (luz, agua, gas) y se realizó una suspensión en la obligación del pago de créditos (préstamos de estudio, de bienes al consumo, etc.).

Una prórroga tras otra

La covid-19 se alargó casi dos años, y con ello también sus consecuencias socioeconómicas. De esta forma, el Gobierno español (PSOE-Unidas Podemos) no tuvo más remedio que prorrogar una y otra vez esas medidas extraordinarias. Lo hizo cada seis meses y siempre con el apoyo de las fuerzas soberanistas y de izquierdas, como EH Bildu y ERC, que llegaron a pedir más ambición. Por su parte, el PP mantuvo una actitud ambigua, evitando posicionarse claramente en contra de las ayudas sociales, pero intentando desgastar al Gobierno.

Ya en 2022, cuando el coronavirus comenzaba a ser algo del pasado, llegó la guerra de Ucrania, que ha afectado duramente a la economía de la Unión Europea, especialmente en el ámbito de la energía, pero que ha contagiado al resto de sectores. Tras eso, llegaron otro tipo de ayudas, como el descuento de 20 céntimos por litro en carburantes o la rebaja del IVA a los alimentos básicos para hacer frente a la galopante inflación.

Un orden mundial en transformación

Pero más allá de los problemas puntuales como el coronavirus o la guerra de Ucrania, la situación de inestabilidad va mucho más allá. Desde hace ya unos años el orden económico mundial vive grandes turbulencias, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos como gran exponente. A esto hay que sumarle el reto que supone el cada vez más acuciante cambio climático y los cambios tecnológicos, como la Inteligencia Artificial.

Por lo tanto, no estamos ante una situación coyuntural, sino ante una restructuración de la economía mundial (y probablemente también da las sociedades) que, de momento, genera inestabilidad y riesgo de pobreza para una gran parte de la población.

Ante la nula voluntad para cambiar el sistema de raíz, las medidas especiales del escudo social cada vez se ven más como una necesidad básica

Ante ello, esas medidas especiales del escudo social cada vez se ven más como una necesidad básica. Más aún teniendo en cuenta la degradación que viven desde hace años los servicios públicos -como la sanidad-, la mercantilización de derechos como la vivienda o la nula voluntad política que hay para cambiar el sistema de raíz y no dejar los sectores estratégicos del país en manos de intereses privados (y muchas veces foráneos).

De hecho, el Ingreso Mínimo Vital va en esa dirección de no abandonar en la pobreza a parte de la población. Desde que entró en vigor en enero de 2022 ya ha superado los 1,8 millones de beneficiarios. Se podría decir que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional en la última legislatura también tienen el mismo objetivo, aunque los 1.080 euros actuales todavía parecen escasos, hay que recordar que en 2018, con el PP en el Gobierno, estaba en 736.

¿Después de las elecciones qué?

Pero no son pocas las voces que piden que las medidas del Escudo Social se hagan permanentes. EH Bildu y ERC son las dos fuerzas que más han insistido en ello, al considerar que la situación no es coyuntural.

«Ese escudo social es el instrumento para proteger a las personas más vulnerables. Usted sabe, igual que yo, que aunque el apocalipsis no ocurrió, pero hay problemas para mucha gente y es por ello que todas las medidas de este escudo social deberían mantenerse y ampliarse con otras nuevas», le dijo la diputada vasca Mertxe Aizpurua a Pedro Sánchez a mediados de mayo teniendo en cuenta que la última prórroga culminaba el 30 de junio.

El presidente del Gobierno español se limitó a señalar que lo evaluaría «en función de la coyuntura». Finalmente, la coyuntura ha resultado ser un mal resultado en las elecciones municipales para PSOE y Unidas Podemos y unas elecciones generales anticipadas. Con esta nueva cita electoral a la vuelta de la esquina, Sánchez ha decidido prorrogar la mayoría de las medidas del Escudo Social, aunque ni de lejos parece que las vaya a hacer permanente tal y como piden sus socios.

Tras el 23 de julio habrá que ver cuál es la correlación de fuerzas. Bien podría gobernar el PP apoyado en Vox y dar paso a su ya anunciada «derogación del sanchismo» o el PSOE apoyado en sus socios de los últimos cuatro años. Aunque estos últimos ya han dicho que no van a dar gratis su apoyo y exigirán más avances.