El presidente de la empresa pública Enresa, José Luis Navarro, ha aseverado este miércoles que el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, autorizado esta misma semana, es «irreversible». Enresa ha asumido este miércoles la titularidad de la planta nuclear de manos de su hasta ahora propietaria, Nuclenor.

En una rueda de prensa, ha señalado que no hay ninguna normativa que prevea la suspensión del proceso de desmantelamiento, por lo que «eso no es posible».

Ha incidido en que el cierre de Garoña comenzó en diciembre de 2012, cuando paró su actividad, y se confirmó en agosto de 2017 con la orden definitiva de cese. Asimismo, ha destacado que Enresa «no entra en temas de políticas energéticas, sino que se limita a seguir las instrucciones».

Sobre el «complejo» proceso que ahora se inicia, Navarro ha explicado que se realizará en dos fases, tendrá un coste de 475 millones y se financiará con las tasas específicas que pagan las empresas energéticas para este tipo de tareas.

A esa cantidad habrá que sumar otra que aún no está cerrada pero que estima en no menos de 150 millones de euros, correspondiente a la retirada del combustible gastado de la piscina de la planta nuclear.

Cementerio nuclear

Dicho combustible se depositará en un almacén temporal individualizado (ATI), ya construido en el propio complejo. En esa instalación se depositarán 49 contenedores de combustible gastado y, en la última parte del proceso, otros cinco o seis contenedores de residuos especiales.

Se trata de contenedores con material nuclear de alta actividad que se van a depositar en el ATI durante un tiempo que no está precisado, ya que un hipotético almacén geológico profundo no estaría listo antes de 2073. Navarro ha indicado que esas fechas podrían acortarse en el caso de que se opte por el paso previo a un almacén temporal centralizado (ATC), que haría de fase intermedia.

En cuanto al desmantelamiento, ha apuntado que la primera fase se centrará en la retirada del combustible de la piscina y la reconversión del edificio de turbinas en una planta de tratamiento, lo que estaría culminado para el año 2026. Quedarían otros siete años para completar la segunda fase y terminar el proceso con la devolución de los terrenos ya descontaminados a Nuclenor, que podría decidir sobre su uso futuro.

Posición de la extrema derecha

A este respecto, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha vuelto a garantizar este miércoles que si Vox llega el Gobierno español tras las elecciones del 23 de julio volverán a levantar una central nuclear en Garoña.

A su juicio, «hay elementos» de la central, levantada hace más de medio siglo, que «pueden seguir siendo utilizados». «Nosotros, frente a quienes quieren aumentar el gasto corriente, quienes quieren aumentar el gasto destructivo, lo que queremos es hacer inversiones que tengan una utilidad a largo plazo», ha apuntado.