La Seguridad Social adjudicó la semana pasada la gestión de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) a VidaCaixa, BBVA, Caser, Santander e Ibercaja. Quedaron fuera de la adjudicación las ofertas de Mapfre Vida y Nationale Nederlanden que recibieron una puntuación menor que el resto.

A cada entidad gestora se le adjudicaron tres fondos diferentes: uno de renta fija, otro de renta fija mixta (podrá invertir hasta un 30% en acciones) y un tercero de renta variable (más del 30% en acciones). Cada gestora se ha comprometido a alcanzar un patrimonio mínimo de 500 millones de euros en tres años; el incumplimiento de esta cláusula provocará la suspensión del contrato.

Fondos privados

A pesar de que el nombre incluye la palabra público, en realidad son fondos privados que han sido promovidos por el Estado y que serán supervisados desde la Administración pública, pero que no recibirán recursos públicos.

La Administración se encargará asimismo de crear una plataforma digital común a todos ellos que facilite la consulta, la gestión y, llegado el caso, la migración de uno a otro.

El Estado tampoco intervendrá en la política de inversión de cada fondo, más allá de establecer unos parámetros genéricos con los que las gestoras decidirán qué activos comprar, para lo que es previsible que usen fundamentalmente criterios de rentabilidad financiera.

Lo más sobresaliente de estos fondos es que cobrarán unas comisiones muy bajas; oscilarán entre el 0,1% y el 0,26%, de acuerdo con las ofertas que han presentado. Desde el punto de vista del rendimiento, conviene reseñar que tendrán un patrimonio considerable, lo que les dará acceso a ciertos activos más sofisticados, y también más rentables.

Planes de pensiones simplificados

Los fondos son el instrumento que acumula el dinero de los planes de pensiones de empleo y lo invierte. Aparte están los planes de empleo que recogen los acuerdos entre empresas y trabajadores sobre las cantidades que cada grupo aportará. Estos planes de empleo podrán negociarse e incluirse en los convenios sectoriales. La normativa abre la posibilidad a que puedan participar trabajadores autónomos, empleados públicos y trabajadores de cooperativas a través de sus organizaciones profesionales.

Con el fin de extender y popularizar estos planes de empleo entre los trabajadores, el ministro, José Luis Escrivá, creó una nueva categoría: los planes de pensiones simplificados, que son como los antiguos pero mucho más sencillos de constituir. En el Estado ya se han creado algunos, como el de la unión de autónomos UPTA, y sus recursos no deben estar obligatoriamente en uno de los fondos públicos.

El objetivo de todo el despliegue ideado por Escrivá es fomentar la previsión social complementaria que, a pesar de los esfuerzos y de la insistente recomendación del Pacto de Toledo, languidece. Los recursos de los planes de pensiones de empleo se encuentra prácticamente estancados desde 2012, con 35.119 millones de patrimonio al final del primer trimestre y 1,9 millones de partícipes.

Además, el patrimonio de los fondos de empleo ha perdido peso con respecto al total gestionado por todos los fondos de pensiones. Al inicio de los años noventa representaba el 50% de la previsión social complementaria y en la actualidad suma solamente el 25% del total.