![Declaracio conjunta de la LLotja de Mar.](/media/asset_publics/resources/001/020/500/article_main_landscape/llotja1.jpg)
En el acto de este lunes en Mutriku, el presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, hizo una curiosa defensa de la unidad de acción entre formaciones soberanistas vascas y catalanas, en el nuevo escenario de oportunidad creado por las necesidades de Pedro Sánchez para la investidura estatal. Curioso porque viene a plantear como propuesta algo que ya existe hace cuatro años y que el PNV ha eludido hasta la fecha.
En su intervención, Egibar consideró que el momento es propicio para impulsar el reconocimiento de las «realidades nacionales» vasca y catalana. Para ello, planteó que «sería bueno tener un mismo esquema» entre EH Bildu y PNV y que también existiera un consenso de mínimos con las fuerzas independentistas catalanas (a cuatro bandas, indicó, cabe entender que incluyendo en la ecuación a JxCat y ERC pero no a la CUP). Y lo remató con esta afirmación: «No creo que sea tan difícil».
Efectivamente, no es tan díficil. Y de hecho, ya existe. Se firmó el 25 de octubre de 2019 en la sede de la Llotja de Mar de Barcelona y en él confluyó todo el arco independentista catalán junto a EH Bildu y también otras fuerzas soberanistas como el BNG gallego.
En concreto, lo suscribieron EH Bildu, representada al máximo nivel aquella mañana por Arnaldo Otegi y Maddalen Iriarte; Junts per Catalunya (por mano de Eduard Pujol, portavoz parlamentario, y Laura Borràs); ERC, a través del entonces vicepresident del Govern, Pere Aragonès, y la portavoz del partido, Marta Vilalta; la CUP, mediante la diputada Natália Sànchez y Núria Gibert; BNG, con Bieito Lobeira y Olalla Rodil. Y también Crida Nacional, Demòcrates de Catalunya, Partit Demòcrata, Esquerra Valenciana, República Valenciana, Més per Mallorca y Més per Menorca.
La declaración compromete a todos los firmantes a actuar juntos con estos cinco principios: «Derecho de autodeterminación de nuestros pueblos, carácter democrático y pacífico de la acción política, libertad de presos políticos y retorno a casa de exiliados, libertades civiles y políticas, y políticas sociales y económicas que permitan el progreso de nuestros países».
En consecuencia han llegado iniciativas de carácter político como la toma de posición conjunta previa al día de la Constitución española de 2021, cuando alertaron de que el derecho a decidir era imprescindible ante cualquier intento de mero «maquillaje» de la norma.
También sobresalió el apagón convocado en estas naciones sin Estado en octubre de ese mismo año contra la subida del precio de la luz y los beneficios desmesurados de las eléctricas, que en Euskal Herria recabó el apoyo de la mayoría sindical.
Ni contenido ni contexto
El PNV rechazó expresamente participar en esa unidad de mínimos, y según explicó en una nota lo hizo tanto por disconformidad con el contenido como por considerar inconveniente el contexto.
Sobre el primer aspecto, apuntó que «la declaración incide casi de forma exclusiva en la denuncia y en la proyección de una visión negativa de la realidad actual en el Estado español, sin apenas espíritu constructivo y/o propositivo».
En cuanto al contexto, aludió a la cercanía de las elecciones a las Cortes estatales. Efectivamente, tuvieron lugar dos semanas después, el 10 de noviembre, y dieron paso al Gobierno de coalición PSOE-UP, que ha tenido como socios principales a algunas fuerzas de la Llotja (ERC y EH Bildu) y también al PNV.
La realidad era que en aquel momento Sabin Etxea evitaba confluencias con el independentismo catalán, además de con EH Bildu. La Declaración terminó de cuajar en el escenario de fuertes protestas contra la condena de cárcel a líderes independentistas por el «procés» (emitida por el Supremo apenas diez días antes). El PNV ya había marcado claras distancias en 2017; el capítulo más destacado fue la intervención de Iñigo Urkullu para intentar desactivar la proclamación de la República catalana tras el referéndum del 1 de octubre.
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