Es difícil, en pleno páramo veraniego, lanzar contundentes augurios sobre la repetición electoral en el Estado español. Para empezar, porque aunque todo el mundo mira a Waterloo, también hay que mirar a Marrakech, donde Pedro Sánchez pasa unas vacaciones que son un acto político en sí mismo. Solo él sabe qué pasa por esa cabeza, pero por si acaso, cabe recordar que los argumentos sobre los riesgos de la repetición son tan válidos para Carles Puigdemont como para él.

Especular, mientras, no sirve de mucho. El tiempo irá aclarando cosas. Más allá de lo coyuntural, el parón estival puede aprovecharse para fijarse en aquellos cambios más estructurales que dejó ver el 23J, como el de la gobernabilidad en el Estado español.

En 2008, PSOE y PP sumaban 323 diputados de 350. En abril de 2019 fueron 189. Muchos cantaron el fin de un bipartidismo que, sin embargo, vuelve a emerger. Ahora ocupan 258 escaños, superando de nuevo los dos tercios.

Pero los tiempos en los que a PP y PSOE les bastaba el apoyo de uno o dos partidos para gobernar se acabó. La razón no solo son los números. La irrupción de Vox y el peso del independentismo tanto en Catalunya como en Euskal Herria cambian el terreno de juego.

En el caso de la derecha, alguien en algún momento pensó que era una buena idea dispersar el voto en diferentes opciones. El precio, sin embargo, ha sido que ahora Alberto Núñez Feijóo solo puede aspirar a gobernar con Vox, una opción que aleja al resto. Sin ir más lejos, al PNV. El PP no quiso ponerle el cordón sanitario a Vox, y el resto se lo ha acabado poniendo a él.

Blanquear a Vox le ha costado al PP ser un apestado y no poder gobernar. El PSOE deberá revisar su federalismo de cartón piedra si quiere gobernar recurrentemente con vascos y catalanes

Evidentemente, este no es el problema del PSOE

Ahora, sin embargo, se ha topado con Junts, cuya estrategia, acertada o no, pasa por buscar la confrontación. Se va a hablar mucho del maximalismo de Puigdemont. La maquinaria ya está en marcha, y aunque hay mucho de interés, también hay argumentos razonables para pedir que se lo piensen dos veces antes de dar otra opción a la derecha española. Pero coyunturas al margen, no hay que perder de vista que las demandas de los de Puigdemont tienen pleno sentido democrático. Referéndum y fin de la represión contra activistas. No es un programa de mínimos, precisamente, pero sí plenamente legítimo.

Pedro Sánchez, al que gusta presentarse como “pacificador” de Catalunya, se acaba de dar de morros con una carpeta cerrada en falso. El independentismo está en horas bajas en Catalunya, pero sigue siendo determinante y su fuerza permanece latente. En Euskal Herria, el contexto y el momento histórico son otros, pero EH Bildu no para de reforzarse. No sabemos qué pasará esta legislatura, pero pensar que el PSOE puede gobernar el próximo ciclo largo azuzando solo el miedo a Vox no parece un cálculo demasiado elaborado. La negativa del PSOE a abrir canales democráticos para resolver las demandas nacionales de vascos y catalanes le puede costar también el acceso a la Moncloa, si no es ahora, más adelante.

En resumen, las carencias democráticas de las principales fuerzas políticas españolas pueden llevar a largos periodos de bloqueo a corto o medio plazo. A su vez, esto puede llevar a algunas fuerzas independentistas a pensar que dicho bloqueo es una buena idea. Pero pensar que esta es la vía para lograr objetivos mayores resulta igualmente dudosa. El ciclo catalán 2012-2017 ya demostró que España está más que dispuesta a sacrificar pedazos de su maltrecha democracia para mantener la unidad del Estado, cuyos engranajes profundos son perfectamente capaces de aguantar el bloqueo que haga falta.