Miembro del Congreso de los Pueblos, líder y portavoz de la estratégica Región de los Dos Ríos, Leidy Vanessa Gil denuncia el avance paramilitar en comunidades rurales de Colombia, más si cabe tras la salida de las FARC-EP, y su connivencia con el Ejército.

«Las amenazas, la constante vigilancia, el envío a los móviles de videos de personas degolladas o descuartizadas... están debilitando el accionar del movimiento social y popular», subraya a NAIZ durante su visita a Euskal Herria.

Una realidad difícil de hacer llegar a las zonas urbanas del país porque «los medios están en manos de unos pocos y no informan. Desde los sectores populares hemos hecho una fuerte apuesta por la comunicación alternativa. Es gracias a nuestros medios que logramos evidenciar lo que está pasando. Hay poco interés en denunciar y visibilizar estas realidades», sostiene.

La Región de los Dos Ríos, situada entre los dos principales ríos de Colombia –Magdalena y Cauca–, está bajo la amenaza de paramilitares, Ejército, grupos armados...

Su estratégica ubicación geográfica permite la salida al Pacífico y la conexión con el Caribe, por lo que hay muchas rutas de narcotráfico. Además, a lo largo de la historia, diversos actores armados se han hecho presentes en la región y en los últimos meses, hemos asistido a un importante avance paramilitar.

En 2016, cuando se produjo la desmovilización de las FARC-EP, muchos territorios que dominaban entraron en disputa. Quienes no firmaron o se salieron de los acuerdos de La Habana han mutado en muchas estructuras y el ELN también tiene presencia en muchas de esas zonas, que los grupos paramilitares quieren copar.

Precisamente, las comunidades venimos denunciando la connivencia entre paramilitares y fuerzas militares. El Ejército siempre llega de manera muy violenta. Entre amenazas y hostigamientos, dicen a las comunidades que agradezcan que ‘les están tratando bien, porque quienes vienen atrás, no van a ser tan amables’. A los días, llegan los paramilitares, que obligan a los pobladores a alojar a un paramilitar en cada casa o finca para así poder vigilar lo que hacen y con quiénes hablan, sobre todo, en lo que respecta a los líderes sociales.

Esta constante vigilancia, las amenazas, el envío a los móviles de videos de personas degolladas o descuartizadas... están debilitando el accionar del movimiento social y popular.

Denuncia que en marzo pasado hubo un paro minero impulsado por el Clan del Golfo.

En virtud de la normativa vigente, a un jefe paramilitar le quemaron una de las máquinas que se utilizan en la minería ilegal. Se llaman dragones porque son una barcos grandísimos que extraen el oro de los ríos utilizando mercurio que luego cae al agua. En protesta por la quema de uno de esos dragones, el Clan del Golfo ordenó parar la actividad de todas las minas en el nordeste del Cauca y en Córdoba, y obligó a la gente a salir a las calles a exigir que no se quemen estas máquinas. Cobraron multas de hasta 500 euros a quienes no se sumaron a esta protesta. Incluso ataron a árboles a quienes trataron de meter alimentos.

¿Llega esta realidad al grueso de la población colombiana?

Es complicado porque los medios están en manos de unos pocos y no informan. Desde los sectores populares hemos hecho una fuerte apuesta por la comunicación alternativa. Es gracias a nuestros medios que logramos evidenciar lo que está pasando. Es más fácil violentar al campesino y sacarlo del territorio que denunciar y reconocer la situación humanitaria porque eso implicaría que nos tendrían que dar garantías para nuestra permanencia en el territorio. Y eso no lo quieren hacer porque las comunidades somos un obstáculo para sus intereses.

¿Cómo valora la llegada de Gustavo Petro al Gobierno?

Como movimiento social y popular apostamos a la campaña de Petro porque en él y Francia Márquez vimos una esperanza de cambio, pero siempre manteniendo nuestra independencia y autonomía. Es la primera vez en la historia que tenemos un Gobierno de corte progresista y que tenemos a una lideresa ambiental como vicepresidenta.

Entendemos que el Gobierno ha tenido muchas dificultades. Sabíamos que las iba a tener. Petro está en el Gobierno, pero las ramas del poder en Colombia siguen manos de las mismas familias, mafias, empresarios… Petro se comprometió a una serie de reformas y cambios con el movimiento social y popular. Pero muchas de esas iniciativas se han visto fracturas por las alianzas que tuvo que hacer para llegar al poder. Han intentado modificar muchas de las reformas porque tocan intereses privados y de importantes sectores políticos.

¿Qué reflejan los ataques verbales e, incluso, intento de atentado contra la vicepresidenta, Francia Márquez?

Respaldamos totalmente a Francia Márquez por todo lo que representa: es mujer, afro, lideresa social y ambiental, defensora de los derechos humanos. Sintetiza muchas de las luchas del movimiento social y popular. Colombia es un país xenófobo, machista, racista. Lo que han hecho con Francia es sacar a flote todas esas expresiones fascistas de la élite colombiana, que históricamente ha tenido comportamientos de corte muy fascista. Colombia viene de veinte años de Gobiernos de ese corte.

En vez de resaltar su papel como sujeto político, han estado buscando formas de atacarla. Se critica que la vicepresidenta del país utilice un helicóptero para moverse de manera segura y rápida pero no se critica que Álvaro Uribe, con nexos paramilitares e investigaciones abiertas, tenga más de 300 escoltas y todo el gasto que ello genera. El Gobierno de Petro y Márquez enfrenta una continua campaña de desinformación.

«Colombia es un país xenófobo, machista, racista. Lo que han hecho con Francia es sacar a flote todas esas expresiones fascistas de la élite»

¿Ve posible alcanzar la paz?

La paz no se puede limitar únicamente al silencio de los fusiles. Históricamente hemos tenidos conflicto armado, social, político, económico, cultural, ambiental. Para poder hablar de paz necesitamos que todos los conflictos se acaben, no solo el armado. Necesitamos muchas transformaciones estructurales para decir que estamos en paz y que tenemos condiciones de vida digna.

Con la Paz Total de Petro somos críticos en varios asuntos. Ha metido en el mismo saco a los grupos guerrilleros, paramilitares y delictivos. Incluso ha tratado de darle cierto carácter político a los paramilitares, desconociendo que surgieron como una política de Estado, pero que están en función de intereses privados. Nacieron porque unos terratenientes y empresarios estaban buscando la forma de crear ejércitos privados no solo para combatir a las insurgencias, sino para expulsar a indígenas, campesinos..

«La sensación de persecución está todo el tiempo presente. En cualquier momento te pueden hacer desaparecer, asesinar o judicializar»

¿Cómo es su día a día en medio de amenazas, ataques...?

Muy complejo. Hay zonas en mi región a las que no puedo entrar porque no hay condiciones de seguridad. Además de la amenaza paramilitar, nos enfrentamos a la constante persecución del Estado. Venimos de un régimen de más de 30 años en el que ser defensora de derechos humanos, mujer, joven, moverte en zonas rurales y urbanas… implicaba un seguimiento continuo a uno mismo y a la familia, interceptaciones telefónicas...

La sensación de persecución y zozobra está todo el tiempo presente. Es complicado, pero, de alguna manera, cada uno busca sus estrategias de seguridad, como no salir sola, estar siempre acompañada, informar en cada momento dónde y con quién estás. En cualquier momento te pueden hacer desaparecer, asesinar o judicializar.

Yo pertenezco al Congreso de los Pueblos. Más de 300 compañeros han sido judicializados. La misma Fuerza Pública nos ha acusado de ‘manipular’ a las comunidades. Al amparo de la doctrina de Seguridad Democrática que implantó Uribe, a los movimientos sociales se les ha dado un tratamiento de guerra.  

¿Qué mensaje quiere trasladar con esta gira y, en concreto, con esta visita a Donostia?

El hecho de que afuera haya personas hablando, ayudando a visibilizar lo que está ocurriendo nos ayuda a proteger a las comunidades que estamos en los territorios. Necesitamos que haya más ojos pendientes, que haya alivios humanitarios y que se ponga nuevamente sobre la mesa el desmantelamiento del paramilitarismo.

Con la instalación del Comité Nacional de Participación en el marco del proceso de diálogo con el ELN se abre una posibilidad de poder sentar en las mesas parte de las exigencias que históricamente hemos tenido como pueblo. Nos da cierta garantía poder poner bajo discusión temas como el paramilitarismo, temáticas que durante más de dos décadas no se han querido discutir.