Sare ha hecho balance de la sostenida excepcionalidad carcelaria tras unos meses sin datos globales, en que la mayoría de las noticias tienen que ver con reversiones de terceros grados desde la Audiencia Nacional o retornos a prisión tras recursos por parte la Fiscalía. El cuadro general constata que, efectivamente, se ha convertido en la norma habitual. El Ministerio Público está contradiciendo el 75% de los terceros grados planteados por las Juntas de Tratamiento de las prisiones de Zaballa, Basauri y Martutene y aprobados por el Gobierno de Lakua para los presos y presas de EPPK.

Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe han detallado que de las 24 progresiones producidas en el último año (de agosto a agosto), 16 han sido recurridas por la Fiscalía. Como se sabe, tras una reforma a finales de pasado año estas apelaciones tienen carácter suspensivo, por lo que la persona afectada es encarcelada de nuevo a la espera de la resolución final de la Audiencia Nacional.

«Queda pendiente de conocerse la actitud de la Fiscalía sobre dos de las tres últimas progresiones a tercer grado que se aprobaron la última semana de julio», han matizado. El plazo para posible recurso concluye el 27 de agosto. Si se formularan, el número se elevaría a 18. «Se están recurriendo el 75% de progresiones, y estos datos alcanzan aún mayor gravedad cuando el porcentaje de recursos que la Fiscalía presenta para otra tipología de presos y presas no alcanza el 25%», han denunciado.

También contra permisos

La actuación de los órganos judiciales españoles se prorroga con los recursos a permisos penitenciarios. Sobre esto, Iturbe y Azkarraga han traído a colación que la Audiencia Nacional impone que no se otorguen antes de cumplir dos tercios o tres cuartos de las condenas, «cuando la ley prevé que estos permisos se comiencen a producir con una cuarta parte».

«Además, el acceso a los permisos se sigue bloqueando incluso cuando se cumplen estas altas cuotas de cumplimiento, al exigirse para ello los mismos requisitos que se establecen para el tercer grado: petición de perdón, arrepentimiento, repudio de los propios hechos o colaboración con la Justicia». Algo que denota que «continúan percibiendo los permisos como beneficios penitenciarios, en lugar de instrumentos tratamentales».

Sare incide de nuevo en que con todo ello se está «ignorando y menospreciando el trabajo e informes de los técnicos (sicólogas, educadoras y trabajadoras sociales) de los centros penitenciarios, así como las opiniones y decisiones o propuestas de las Juntas de Tratamiento y del propio Gobierno Vasco».

Lo sitúan como fruto de una concepción retributiva («el que la hace, la paga») y concebida hace 20 años como «lucha antiterrorista», es decir, «en unas circunstancias que nada tienen que ver con la situación actual».

Lakua, lejos de los 115

El diagnóstico de Sare no se limita a Fiscalía y Audiencia Nacional, sino que también cuestiona la actitud de la Administración vascongada al quedarse corta en la aprobación de progresiones respecto a lo que marca la ley.

Así, han explicado que entre octubre de 2021 y agosto de 2022, en los diez primeros meses tras asumir la competencia carcelaria, se realizaron 25 propuestas de progresión a tercer grado, y en paralelo hubo «un avance muy tímido en propuestas de permisos de duración inferior a 48 horas, que son competencia exclusiva del Gobierno Vasco».

Las progresiones aprobados o en tramitación suman 57 (algunos repetidos), cuando Sare estima que a 115 presos les correspondería ya estar en libertad condicional o semilibertad

En este año siguiente han sido 24 las progresiones aprobadas por el Departamento de Justicia. Y hay otras 8 emanadas de las tres cárceles pero pendientes de ratificación. Para Sare, «son datos positivos pero aún muy alejados del posible resultado de la aplicación de una política penitenciaria ordinaria a todos aquellos presos y presas que, por el tiempo de cumplimiento, deberían encontrarse en semilibertad o libertad condicional. Desde Sare, calculamos que serían unos 115».

Sumados los tres parámetros citados, las progresiones autorizadas o en marcha suman 57, aunque hay que matizar que se refieren realmente a un número menor de personas, puesto que algunas han sido clasificadas dos veces en segundo grado tras la primera decisión invalidada por la Audiencia Nacional.

Con todo, Sare ha querido hacer hincapié en que «sin duda hemos avanzado. Las administraciones penitenciarias, tanto del Estado en el caso de la cárcel de Iruñea como en el ámbito de la CAV, están desarrollando su labor en esta materia de manera positiva. Creemos que se ha interiorizado la necesidad de que la política penitenciaria debe ser útil fundamentalmente para insertar a las personas presas en la sociedad».

16 enfermos

En la comparecencia se han ofrecido además datos globales sobre este colectivo todavía sometido a prácticas excepcionales. Han indicado que siguen presas 166 personas, de ellas 141 hombres y 25 mujeres.

Están en Euskal Herria 152 (13 en situación de prisión atenuada), junto a una en el Estado español y 13 en el francés. Y entre ellas hay 16 que sufren enfermedades graves, de las que 12 son casos conocidos y otras 4 prefieren mantenerse en el anonimato.

Tras las trabas judiciales españolas y el ritmo dado al proceso por la Administración de la CAV, el resultado a día de hoy es que están clasificadas en segundo grado 128 de estas personas, y en tercer grado únicamente 24.

AL FUTURO GOBIERNO: «DEROGAR, ADAPTAR O INTERPRETAR» LAS LEYES DE 2003

Junto al diagnóstico de situación, Sare ha trasladado una petición clara al futuro Gobierno español: «La derogación, o cuando menos su adaptación a las actuales circunstancias, mediante modificaciones parciales, de la legislación excepcional creada hace 20 años. O cuando menos su interpretación de acuerdo al contexto en el que nos encontramos».

Y es que han recordado, que esta legislación es principalmente de 2003 (la era de José María Aznar), «sus contenidos han quedado superados» y «son objetivo de crítica por diferentes sectores del mundo académico y judicial, en absoluto conniventes con las personas presas o la organización a la que pertenecieron».

Antes de llegar a este punto, Azkarraga e Iturbe han respondido a algunas consideraciones externas sobre sus demandas. Primero han remarcado que cuando plantean «Etxera» están diciendo que los presos «deben poder iniciar el camino de regreso a casa y que esto puede hacerse desde la aplicación de una política penitenciaria ordinaria».

«No se entiende que se hable de ‘amnistía camuflada’ o ‘impunidad’ cuando nos estamos refiriendo a personas que llevan de media 20 años de privación de libertad» y que han pasado «condiciones inaceptables»

En consecuencia, «no se entiende que se hable de ‘amnistía camuflada’ o ‘impunidad’ cuando nos estamos refiriendo a personas que llevan de media 20 años de privación de libertad, con una media de edad sobre los 50 años, con cuadros de salud preocupantes en muchos casos...» Añaden que sus condenas son por acciones que en general tuvieron lugar antes del año 2000. Y sin olvidar que «han llegado a las cárceles vascas después de más de dos décadas de encarcelamiento en condiciones absolutamente inaceptables, frontalmente contrarias a los derechos humanos». Así que «no son tratos de favor o privilegios. No».

A partir de ahí han lanzado varias preguntas al aire: «¿A quién le conviene esta situación? ¿Quién tiene interés en que se perpetúe? ¿Qué sentido tiene el alargamiento de estas situaciones de prisión? ¿Qué mal se conjura con el mismo? ¿Qué beneficio social genera? ¿A qué objetivo, en el plano de la convivencia y la reconciliación, sirve?».

Control de la sociedad

Sare ha introducido también una reflexión novedosa sobre quién debe gestionar los procesos de reintegración de estas personas. «El control debe ser ejercido por la misma sociedad a la que van a regresar. Es la sociedad vasca quien va a reintegrar a estas personas y, por lo tanto, los procesos a seguir por la aplicación de una legislación ordinaria deben ser diseñados, dirigidos y propuestos y aceptados por la sociedad vasca, a través de sus instituciones políticas y judiciales. Ese control no puede estar en manos de personas que no conocen el país, ni a la sociedad vasca, ni a estas personas, que no son capaces de calibrar hasta qué punto se encuentran plenamente capacitadas para retornar a la sociedad y hasta qué punto esta sociedad está dispuesta a aceptar dichos procesos».

En conclusión, «el control con puente de mando de la Audiencia Nacional debe desaparecer», ha manifestado Sare.