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Marea Horia exige en Plentzia y Gorliz políticas de acogida que respeten los derechos humanos

Ongi Etorri Errefuxiatuak ha exigido en el acto que ha llevado a cabo este sábado en las playas de Plentzia y Gorliz que las instituciones adopten políticas migratorias que respeten los derechos humanos. Además, ha reclamado un protocolo para garantizar el empadronamiento.

Movilización de Ongi Etorri Errefuxiatuak.
Movilización de Ongi Etorri Errefuxiatuak. (Aritz LOIOLA | FOKU)

Como cada año, Ongi Etorri Errefuxiatuak ha realizado la acción Marea Horia en las playas de Plentzia y Gorliz. El acto ha tenido un doble objetivo: por una parte, poner de manifiesto la «dura realidad» a la que se enfrentan millones de personas que se ven obligadas a dejar sus países de origen e iniciar un tortuoso camino lleno de riesgos y de dificultades tratando de llegar a Europa; y por otra, exigir a los gobiernos e instituciones que adopten políticas migratorias y de acogida que respeten los derechos humanos.

Esta particular marea amarrilla ha dado comienzo a las 12.00 del mediodía. Los participantes se han juntado en la rampa de Hondartzape de Gorliz y han bajado a la playa. Allí han llevado a cabo una cadeneta con pañuelos y pancartas y han marchado hacia Plentzia.

A continuación, han organizado un homenaje a las personas desaparecidas en la Plaza del Astillero, con aurresku y violín. Los participantes han lanzado flores a la ría y los convocantes han leído un manifiesto en el que han recordado que, debido a las migraciones forzadas, 50.000 personas han muerto en los últimos 30 años.

Lanzamiento de flores en recuerdo de las personas fallecidas como consecuencia de las políticas migratorias. (Aritz LOIOLA | FOKU)

La plataforma ha recordado que las personas que migran de sus países de origen huyen de crisis «cuyas responsabilidades no recaen solo, ni principalmente, en sus ciudadanías, sino en las políticas de saqueo y de expolio a la que han sido sometidos históricamente, y también de un modelo de desarrollo claramente insostenible que está generando crecientes desigualdades sociales, crisis humanitarias y crisis ambientales cada vez más intensas».

Ongi Etorri Errefuxiatuak ha criticado que, en lugar de contribuir a generar las condiciones económicas y sociales para no verse obligadas a salir de sus propios países, «siguen con las mismas políticas que los están empobreciendo aún más». «En lugar de establecer políticas migratorias basadas en el estricto respeto a los derechos humanos, están fomentando el surgimiento de mafias que se están enriqueciendo a costa del sufrimiento ajeno», ha agregado.

Así, han denunciado que no se aborde «una política migratoria ordenada y legal» y, por lo tanto, «se abandone a su suerte a miles de personas». «Esa no es una política propia de una Europa que se dice solidaria y respetuosa con los derechos humanos», ha añadido.

El padrón, «casi imposible»

En esta edición, la plataforma ha querido poner el foco en las dificultades que tienen las personas migrantes para empadronarse. «El padrón municipal no es solo un papel, es la puerta de entrada para el acceso a muchos derechos», ha remarcado.

«Sin padrón es muy difícil disponer de tarjeta sanitaria para el acceso a un ambulatorio de referencia, o a la educación básica de menores. No se puede tener acceso a cursos de Lanbide o a prestaciones sociales básicas. Sin el padrón municipal no se inicia el periodo para la obtención de residencia que pondría fin la situación de irregularidad administrativa», ha subrayado Ongi Etorri Errefuxiatuak.

La plataforma ha remarcado que para muchas personas migrantes conseguir el empadronamiento resulta «casi imposible». Algunas de ellas viven en piso en los que no pueden empadronarse, ya que el contrato de subarriendo lo prohíbe. También, en el caso de las personas que trabajan en hogares en régimen interno, las familias «no le reconocen el derecho a empadronarse».

«Igualmente, las personas que viven en una casa en la que algún miembro está percibiendo la RGI y temen que al empadronar a otra persona sus ingresos se vean reducidos. Por último, a personas que viven en alquiler a quienes el propietario impide empadronar, o personas sin pasaporte en vigor», ha detallado.

Otra imagen de la movilización. (Aritz LOIOLA | FOKU)

En Bizkaia, por ejemplo, la mayoría de las personas que viven en esta situación no pueden empadronarse porque la administración no tiene en cuenta estas situaciones, ha denunciado la plataforma, para a continuación recordar que «viven en nuestros barrios y pueblos», y, por lo tanto, «los ayuntamientos tienen la obligación de empadronarlas».

Por eso, Ongi Etorri Errefuxiatuak ha exigido a los ayuntamientos y a Eudel que pongan en marcha un protocolo «que garantice el empadronamiento de todas las personas que viven en el municipio y que no pueden hacerlo por los requisitos actualmente en vigor». 40 entidades de Bizkaia han apoyado esta solicitud, según la plataforma.