La aritmética parlamentaria surgida de los comicios del 23J ofrece una oportunidad única al soberanismo, según el filósofo y catedrático de Ciencia Política Ferran Requejo, quien sostiene que «un pacto de investidura no es una negociación sobre la independencia» y que la autodeterminación «no debería ser un obstáculo». Augura una negociación «larga y compleja», pero cree que «podría dar pie a una segunda Transición, corrigiendo todo lo que se hizo mal en la primera» si los grandes partidos españoles «asumen que el Estado tiene que adecuarse a la realidad plurinacional».

¿Qué valoración hace del apoyo del soberanismo a la nueva Mesa del Congreso? ¿Representa un puro trámite o apunta a un cambio de estrategia para forzar algún acuerdo sustancial con el PSOE?

Es un buen inicio, pero no prefigura ningún resultado, pues lo importante serán los pactos antes de la investidura. Ha habido demasiados incumplimientos por parte de los distintos Gobiernos del Estado, tanto del PSOE como del PP, de manera que, a estas alturas, las promesas ya no sirven. Los pactos deben basarse en decisiones comprobadas y no en promesas ni procedimientos. En todo caso, y visto lo ocurrido, la posibilidad que se repitan elecciones es menor que antes, aunque continúa siendo la opción más plausible.

Junts ya ha avanzado que si el 19 de septiembre el Consejo de Europa no modifica su reglamento para hacer posible la oficialidad del catalán en la UE, como se ha comprometido el PSOE, bloqueará la investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué opinión le merece?

La demanda es clara y, si prospera, sin duda supondrá un gran avance para el reconocimiento de la lengua catalana. Si no Junts puede interrumpir las negociaciones, que quedarían muy debilitadas. También es posible que el mismo Gobierno español maniobre y busque aliados con el fin de que la propuesta no se apruebe. De ahí que, a mi modo de entender, lo recomendable sería que Catalunya esperara resultados, porque la experiencia nos dice que las promesas apenas tienen recorrido.

«Sería recomendable que Catalunya esperara resultados, porque la experiencia nos dice que las promesas apenas tienen recorrido»

También ERC ha arrancado el compromiso del PSOE de crear comisiones de investigación sobre el «caso Pegasus», referente al espionaje a líderes y activistas independentistas, y los atentados yihadistas registrados el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. ¿Confía que estos temas pueden desencallarse?

Sobre estas cuestiones, los socialistas tienen una patata caliente encima de la mesa. Porque, en aras de la transparencia, no es de recibo escudarse en la ley de secretos oficiales, ya que el espionaje colisiona con los valores de cualquier Estado democrático. Tiene que afrontar la renovación del CNI, reconociendo que estuvo detrás de los atentados de 2017 –como así apuntan todos los indicios– y que ordenó las escuchas a personas vinculadas al movimiento soberanista sin contar con la preceptiva autorización judicial. Los dos temas son cruciales y, para las fuerzas soberanistas, han de encauzarse con garantías. No aceptarán otra tomadura de pelo, como supuso la decisión de Sánchez de solo cesar a Paz Esteban, la antigua responsable del CNI, en mayo del año pasado.

¿Se puede entablar un nivel de negociación como no había sucedido antes?

Hay que visualizarla con decisiones concretas que tienen que ver con dos carpetas. Una es la referida a la desjudicialización, para la cual sería óptimo una ley de amnistía, y la otra corresponde al capítulo del autogobierno, que incluye temas de lengua, utilización de símbolos, infraestructuras, inversiones, sanidad, educación, servicios sociales o el sistema de financiación. Respecto este último punto, hay muchos estudios que corroboran el déficit fiscal que padece Catalunya, que se sitúa alrededor de 8% del Producto Interior Bruto, y que también afecta al País Valencià y les Illes Balears. En la política comparada, este déficit suele alcanzar como máximo el 3 o 4%.

En cuanto a una eventual ley de amnistía, el exmagistrado José Antonio Martín Pallín advertía que requiere varias reformas paralelas. ¿Ve fácil que salga adelante?

El Congreso puede aprobar perfectamente una ley de amnistía. Y esto pasa por reformar artículos del Código Penal, como por ejemplo el delito de malversación, cuya modificación se hizo mal. Con el respaldo de una mayoría del Congreso es suficiente; no hace falta tocar la Constitución.

¿Quizás el problema radica en la filosofía política que ciertos sectores del PSOE aún mantienen desde el inicio de la llamada Transición?

Sin duda, porque la amnistía va más allá del marco mental en el cual se han movido. De ahí que, hoy por hoy, no percibo una corriente intelectualmente fuerte en los socialistas para impulsar una reforma del Estado que conlleve una mejor protección y desarrollo del autogobierno catalán. De momento, no los veo capaces de introducir elementos de asimetría legal como los que existen en federaciones plurinacionales como son Bélgica o Canadá.

Junto a la amnistía, el soberanismo añade la autodeterminación. ¿Ambas cosas son inseparables?

Un pacto de investidura no es una negociación sobre la independencia y, respecto a la autodeterminación, considero que no debería ser un obstáculo para la negociación. Y es que empecinarse en un referéndum sobre la secesión como condición para apoyar la investidura, es lo mismo que decir que no quieres un acuerdo. Lo importante, eso sí, es que los pactos graviten sobre temas importantes, previamente firmados y con el tiempo de ejecución bien establecido, que supongan avances cualitativos en términos de reconocimiento nacional y de autogobierno efectivo para Catalunya. La negociación, pues, se antoja larga y compleja.

«Un pacto de investidura no es una negociación sobre la independencia»

¿Si Junts obtiene acuerdos sustanciales, cree que renunciará a exigir la autodeterminación, que inicialmente era la exigencia «sine qua non» para apoyar a Sánchez?

Creo que el PSOE y Junts se equivocarían si renuncian a un acuerdo que pueda situar Catalunya como una realidad nacional diferenciada y con más autogobierno, al estilo del Quebec. En cambio, reclamar un referéndum de independencia inminente o encerrarse en la visión uninacional de España, lo paralizaría todo.

¿Este salto del autogobierno obligaría a redactar un nuevo Estatut?

No necesariamente. Se podría vehicular mediante una ley especial para Catalunya, reformando varias leyes orgánicas, como la del Poder Judicial, la del Constitucional o la de Himnos y Banderas, así como el modelo de financiación o la representación de España en la Unión Europea. Hay que tener cintura y, al menos, intentarlo.

¿A qué se refiere?

Se puede pactar una reforma de envergadura que permita a toda la población catalana sentirse cómoda viviendo en el Estado español. Una propuesta así, que tendría que ser votada en Catalunya, estoy convencido de que suscitaría un amplio respaldo. No solo entre la mayoría del soberanismo; también en buena parte del PSC o de Comuns-Sumar.

¿Con todo, si la negociación para la investidura resulta exitosa, qué repercusión tendría dentro de la política catalana?

La negociación podría suponer un antes y un después en términos de la afirmación de Catalunya como entidad nacional propia. Por contra, si esto no se logra, iremos a una repetición electoral.

¿Si fructifica, podríamos estar a la antesala de una nueva etapa política en el Estado español?

Es evidente que la situación actual no se había dado hasta ahora. Porque, si bien ha habido cambios importantes en el Estado durante las últimas décadas, la mayoría han servido para recentralizar competencias o marginar la cultura y la identidad catalanas. Así que, efectivamente, la negociación de la investidura podría dar pie a una segunda Transición, corrigiendo todo lo que se hizo mal en la primera. Porque, o los grandes partidos españoles asumen que el Estado tiene que adecuarse a la realidad plurinacional de su sociedad, o continuaremos con la misma tensión de fondo, sin encauzar un problema histórico que se mantiene desde el inicio del período democrático.

Habrá que esperar, pues, si la negociación por la investidura ofrece esa oportunidad de abrir una nueva etapa en la historia política de España.