El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denuncia que las autoridades judiciales, una «mafia política enquistada en las instituciones del Estado», han perpetrado un golpe en el país para impedir la transición de poder.

«Hay un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde la instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país», acusa.

Desde que el movimiento político Semilla que lidera Arévalo consiguiera unos resultados sorprendentes –en comparación con lo que auguraban los sondeos– en la primera vuelta electoral, el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.

La presión se ha incrementado tras su rotundo triunfo con un 61% de votos en la segunda vuelta el 20 de agosto.

La denuncia de Arévalo de León llega en la misma semana en que la Junta Directiva del Congreso, del partido Vamos, del expresidente  Alejandro Giammattei suspendió a la bancada legislativa del Movimiento Semilla.

Además, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral suspendió  al partido de manera provisional, y en ambos casos fue por orden del juez penal Fredy Orellana, a solicitud del Ministerio Público (Fiscalía) que dirige Porras.

Tras augurar que el golpe de Estado judicial «todavía tiene cuatro meses por delante», el presidente electo señala directamente a la fiscal general del país, María Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, al juez Orellana, así como a la Junta Directiva del Congreso.

El Ministerio Público ha rechazado «categóricamente las campañas de desinformación que algunos sectores difunden» en su contra, en referencia a esa denuncia.

Derecho a la resistencia

Arévalo reivindica «la legítima resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en nuestra Constitución», añade, instando a la población a actuar al respecto y agregando que ya han tomado «acciones legales y políticas» necesarias para «garantizar el respeto a la voluntad popular».

Se muestra «satisfecho de que la comunidad internacional» se haya «posicionado en defensa de la democracia».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya aseguró en la víspera que la decisión de suspender el registro del Movimiento Semilla «tendría por finalidad impedir la toma de posesión de los integrantes del partido electos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República».

La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, felicitó ayer a Arévalo por su victoria en las elecciones y le transmitió su interés por «profundizar la asociación» entre ambos países.