4 de octubre de 2017. Las imágenes de las cargas policiales durante el referéndum del 1 de octubre, tres días atrás, han dejado atónitos a los dirigentes europeos. Sus ojos no les engañan: son miles de ciudadanos defendiendo unas urnas de la violencia policial. No hay encantador de serpientes capaz de darle la vuelta a las imágenes. La victoria del independentismo, en estos términos, es absoluta, inapelable. Pero no sabe qué hacer con ella. La opción más real, bastante más que la independencia efectiva, es la apertura de una mediación internacional que ponga a la par a España y Catalunya y busque una salida negociada y tutelada al conflicto. Fue una posibilidad real.

Uno de los hombres clave en Bruselas aquellos días fue Esteban González Pons, el incombustible dirigente del PP que recientemente dio su aval a negociar la investidura con Junts, calificándolo de partido «cuya tradición y legalidad no están en duda». Como eurodiputado, junto a la inestimable ayuda de los europarlamentarios del PSOE Ramón Jauregi e Iratxe García, se empleó a fondo para que el mismo 1 de octubre la Cámara comunitaria no debatiese abiertamente sobre el referéndum y el derecho a decidir de Catalunya.

Pero volvamos al 4 de octubre. El problema ya no es el Parlamento Europeo, sino la propia Comisión Europea, el ejecutivo comunitario. Su presidente, Jean Claude Juncker, vuela camino a India, pero su todopoderoso jefe de gabinete, el alemán Martin Selmayr, quien hace y deshace a su antojo en las instituciones europeas, ha dejado un discurso para que lo lea el vicepresidente Frans Timmermans, del grupo socialista. En ese discurso hay una mención expresa a la mediación europea para resolver el conflicto entre Catalunya y España.

Es el PSOE el que se entera del contenido y pone sobre aviso al Gobierno de Mariano Rajoy. González Pons se vuelve a poner el traje de bombero y acude, junto a otros dos representantes del Gobierno español, al despacho de Timmermans. Solo faltan dos horas para el discurso que debía poner sobre la mesa la mediación europea, uno de los grandes anhelos del independentismo. Todo esto lo cuenta la directora adjunta de “La Vanguardia”, Lola García, en el libro “El muro. El poder del Estado ante la crisis independentista”. La discusión, cuenta, fue acalorada, pero finalmente, Timmermans eliminó la referencia a la mediación y la posibilidad se fue evaporando.

Hoy, Carles Puigdemont la ha rescatado como condición para empezar a negociar la investidura en el Congreso de los Diputados. Un «mecanismo de mediación y verificación para el cumplimiento de los acuerdos». No se define quién debería encargarse de dicha mediación, pero la apuesta es importante y habrá que ver cómo maniobra ahora el PSOE. No lo tiene fácil. Siempre se opuso a la mediación, que supone, nada más y nada menos, que reconocer que el conflicto no es un asunto interno español –el mantra sostenido durante todo el procés–, sino una pugna entre dos sujetos políticos.

La cuarta condición, asumir que los únicos límites en una negociación deben ser «los definidos por los acuerdos y tratados internacionales» –es decir, que la Constitución no debe ser un límite– también apunta directamente a la línea de flotación del argumentario ventajista español, parapetado siempre tras la pátina democrática que le otorga la Carta Magna.

La amnistía, segunda condición junto al fin generalizado de la represión, se antoja casi la parte fácil de las tareas que Puigdemont le ha puesto sobre la mesa al PSOE para negociar. Las demandas son legítimas, sobra decirlo, pero también exigentes. Las puertas siguen abiertas, pero si alguien pensó que la investidura estaría más cerca a partir de hoy, probablemente se equivocó.