La suspensión temporal de su participación en el proceso de transición es lo que ha anunciado el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, después de que la Fiscalía haya registrado las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, organismo que ha presentado una acción de amparo ante el Constitucional.

«Los golpistas deben renunciar. La fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, en asociación perversa, han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral, otorgando un disfraz judicial a una acción política espuria del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)», ha denunciado Arévalo.

En este sentido, ha subrayado que «esta vez, en su intento de anular la voluntad popular y burlarse del pueblo honesto, han ordenado la apertura de algunas de las cajas que preservan los votos emitidos», mientras que las «únicas autoridades competentes» para su resguardo son el TSE y las juntas electorales.

«Estas acciones constituyen delitos flagrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación de la Constitución Política de la República de Guatemala», por lo que «ante esta situación», ha informado a Giammatei de la suspensión de su participación en el proceso.

Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes –en comparación con lo que auguraban los sondeos– en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.

Amparo ante el Constitucional

Los registros realizados por la Fiscalía ya han tenido respuesta por parte del Tribunal Supremo Electoral, que ha presentado ante la Corte de Constitucionalidad una acción de amparo.

El asesor jurídico del TSE Abraham Álvarez ha explicado que han presentado «esta búsqueda de protección», porque la ley establece que «los únicos órganos facultados para poder revisar los materiales electorales son el TSE, como máximo órgano, y las juntas departamentales electorales».

Álvarez ha subrayado que los funcionarios de la Fiscalía han abierto actas y, «lo más grave», se «pusieron a contar algunas papeletas, sabiendo que es una facultad exclusiva de las juntas receptoras de votos».

«Obviamente, consideran que están legitimados para realizar tal acción», ha manifestado, al tiempo que ha remarcado que consideran «de urgencia la protección que ordene suspender dicha diligencia».