La Fiscalía de Araba ha admitido la denuncia penal que presentó el sindicato ESK contra el director de Aseguramiento de Contratación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno de Lakua y el presidente de Ambulancias La Pau para dilucidar si han cometido un delito de prevaricación y de uso indebido de dinero público.

En una rueda de prensa, representantes de este sindicato han recordado que en reiteradas ocasiones han puesto en conocimiento de dicho director las «continuas irregularidades» que comete la empresa privada que gestiona el trasporte sanitario en Araba.

Serían irregularidades relacionadas con el incumplimiento de los pliegos, incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales e incumplimientos en materia de relaciones laborales y derechos fundamentales de la plantilla, acarreando estos últimos fuertes sanciones económicas.

Los problemas, según ESK, vienen de lejos, ya que en un escrito registrado el pasado 28 de noviembre y dirigido a dicha dirección de Aseguramiento y Contratación, se solicitó la resolución del contrato que mantenía con ambulancias La Pau.

La respuesta del Ejecutivo autonómico fue la nueva adjudicación el pasado mes de abril por tres años más del servicio sanitario en Álava, ampliando la parte de Bizkaia que aún no controlaban, por un monto total de 136 millones de euros.

Por su parte, el grupo de ambulancias La Pau aseguró que no tenía constancia de esta denuncia del sindicato ESK y negó los hechos descritos por el sindicato.