Con firma del 5 de abril, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, informó por escrito al Parlamento de que el Servicio de Registro de Personal ante las informaciones periodísticas y las iniciativas parlamentarias sobre una docena de altos cargos del Gobierno que habían pasado al sector privado sin efectuar la notificación a la que obliga la ley, había abierto un «periodo de investigación o actuaciones previas» porque «si estos hechos resultaran acreditados y se hubiera dado una relación directa entre las empresas en las que trabajan y el desempeño en el cargo en el que cesaron, podría suponer el incumplimiento del régimen material de incompatibilidades».

En el pleno de control de este viernes, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha preguntado a la consejera en qué estado se encontraba esta investigación, y Olatz Garamendi ha respondido que todavía están desarrollándola.

Sin embargo, la consejera de Gobernanza –que se muestra molesta hablando de este tema– ha deslizado al final de su respuesta que el Servicio de Registro de Personal ya ha afirmado que «no haber formalizado petición de permiso [para pasar al sector privado en los dos años siguientes a dejar su puesto] no es por sí mismo un incumplimiento de la ley si no hay incompatibilidad con el cargo».

Capitulo II y también el capítulo III

No es eso lo que dice la ley, aunque sea la interpretación que le pretenda dar el Servicio de Registro de Personal, viendo solo incumplimiento de la norma si hubiera habido una relación directa entre el cargo que tenía en la Administración y su nueva empresa, lo que supondría vulnerar «el capítulo II de la Ley 1/2014».

Sin embargo, dicha ley, en su artículo 28.1.b, también considera «infracción muy grave» el  «incumplimiento del régimen material de incompatibilidades a que se refiere el capítulo III». Y el capítulo III es donde se regula que «durante el periodo de los dos años posteriores al cese en el cargo público deberán efectuar declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio». De lo que se deduce que la no presentación de esa declaración ya es de por sí un incumplimiento de la ley.

Como ha hecho en otros debates sobre esta materia, la consejera Olatz Garamendi ha querido acusar a quienes denuncian estos casos de tratar de impedir que los cargos públicos puedan seguir teniendo una actividad profesional tras dejar el Gobierno. Y el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona le ha contestado que no es eso lo que pretenden, sino que el paso se haga de acuerdo a lo establecido en la ley y con todas las garantías.

Entre las altos cargos que pasaron al sector privado sin notificar su paso se encuentra, por ejemplo, Juan Luis Diego Casal, hombre de la entera confianza del lehendakari, Iñigo Urkullu, que fue cesado el 25 de octubre de 2020 como director general de Osakidetza y en tres meses fue nombrado consejero delegado de Edinor, una filial de Petronor. El Ejecutivo no puede alegar desconocimiento de lo ocurrido porque fue aireado por los medios y EH Bildu preguntó a la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, por lo ocurrido.

También está el caso de Alexander Arriola, exdirector de la Spri, que sí pidió permiso para su paso a Europcybcar, pero que no obtuvo respuesta del Gobierno, sin que se haya explicado por qué. No hizo lo mismo para sus nombramientos en posteriores empresas, como Alias Robotics, y que apareció publicado en el BORME sin que nadie en el Servicio de Registro de Personal hiciera ninguna comprobación.

El lehendakari yerra sobre la Comisión de Ética Pública

A lo largo del pleno de este viernes, el parlamentario de Ciudadanos, José Manuel Gil, ha preguntado al lehendakari sobre la actividad de la Comisión de Ética Pública, a la que ha acusado de parcialidad y laxitud con los altos cargos que son denunciados, entre otras cosas porque está presidida por la Consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi, y tres de sus cinco miembros están ligados al Gobierno.

Ha resultado llamativo que el lehendakari, Iñigo Urkullu, le haya respondido, entre otras cosas, que «con respecto a la presidencia de la Comisión del Código Ético, sabe usted que la presidenta de la Comisión del Código Ético es una persona que actúa solamente en calidad de secretaria de la Comisión». Esto no es así. Según se puede leer en la página de la propia Comisión, quien actúa como secretario es Jon Iñaki Urbina García de Vicuña, director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento. Sin embargo, desde el 29 de julio Urbina es Viceconsejero de Relaciones Institucionales y la nueva directora es Begoña Otalora Ariño.