Trabajadores del centro de menores del Vivero, en Galdakao, se han concentrado este viernes ante el palacio foral, en Bilbo, para señalar la responsabilidad de la Diputación de Bizkaia y de la empresa adjudicataria, Landalan-Emankor, en el despido mañana de los 19 integrantes de la plantilla.

La diputada de Acción Social, la jeltzale Amaia Antxustegi, dijo en las Juntas Generales que el cierre definitivo de este equipamiento asistencial es consecuencia del «redimensionamiento» de los recursos que existen, aunque los sindicatos LAB y ELA aseguran que esta clausura provocará aún más saturación en los que quedan abiertos.

La concentración ha sido el colofón a una serie de movilizaciones para denunciar la situación a la que se enfrentan los 19 despedidos. Los reunidos ante el palacio de la Diputación han subrayado la urgencia de que se dignifique la labor de las y los educadores sociales y del propio servicio que gestiona la Administración foral.

Han recordado que todo comenzó a finales de noviembre de 2022, cuando la empresa Landalan, adjudicataria de la gestión del centro, remitió una carta al Departamento de Acción Social manifestando su deseo de poner fin al servicio, lo que suponía el despido de la mayoría de la plantilla.

Para buscar una solución adecuada, representantes de las y los trabajadores del Vivero se han reunido en varias ocasiones con el hasta ahora diputado foral Sergio Murillo, Landalan y Agintzari Kooperatiba, que debería subrogar a todos y todas las trabajadoras, aunque finalmente no ha sido así.

Actitud de la Diputación

Las y los trabajadores destacan, además, que las «precarias condiciones» tanto del servicio como las laborales venían de antes y que, aunque la Diputación «tenía conocimiento de los problemas, nunca ha hecho una apuesta real por buscar una solución eficaz para ellos».

«El excesivo número de menores, que en ocasiones superaban en cinco veces lo permitido, los ratios que no se respetaban y otras muchas cuestiones han sido las que han perjudicado el servicio. Todo ello, evidentemente, afectaba tanto al ambiente entre las personas usuarias como a la salud laboral del personal», han denunciado, lamentando que «el control prevalecía sobre la protección y el asistencialismo sobre la labor socioeducativa».

A pesar de ello, han incidido en que la mayoría de las personas usuarias han podido salir adelante a pesar del estigma y de las continuas trabas, en parte por la buena voluntad de las y los trabajadores. Por tanto, consideran necesario tener en cuenta las opiniones tanto de los y las trabajadoras como de las y los expertos que trabajan en este sector a la hora de elaborar políticas sociales.