La Policía española ha detenido en Donostia a dos empresarios como presuntos autores de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad, al contratar fraudulentamente a cuatro mujeres, que estaban siendo explotadas sexualmente, para que obtuvieran el permiso de residencia en el Estado español.

Según ha informado la Delegación del Gobierno español en la CAV, las pesquisas se iniciaron en mayo del pasado año, cuando los investigadores del Grupo Operativo de Extranjeros (GOE II) de Donostia realizaron un control preventivo contra la trata de seres humanos en un piso de Irun en el que, a través de páginas de Internet, se ofertaban servicios sexuales con mujeres orientales.

En la inspección inicial, los agentes se percataron de ciertos indicios que apuntaban a que las mujeres que se hallaban en el piso podrían estar siendo explotadas sexualmente, al presentar «un gran hermetismo» ante la presencia policial y un desconocimiento total del castellano, por lo que realizaron cuatro inspecciones más, dos en agosto y diciembre del 2022 y otras dos en mayo de este año.

Cinco inspecciones

Tras estas cinco inspecciones, los investigadores concluyeron que dos explotadores, una mujer que hacía las veces de ‘madame’ controlando a las mujeres desde el piso y gestionando el teléfono al que llamaban los clientes, y un vecino de Hendaia, estaban prostituyendo coactivamente a mujeres, por lo que, a lo largo del mes de julio, procedieron a su detención y puesta a disposición judicial.

Paralelamente a estos arrestos, los agentes analizaron la forma de regularización de las víctimas, y descubrieron que cuatro de ellas habían obtenido permisos de residencia por «circunstancias excepcionales» alegando razones de arraigo gracias a contratos laborales suscritos con dos ciudadanos o con sociedades limitadas en las que estos mismos ciudadanos eran administradores solidarios.

También analizaron los expedientes de extranjería de las diferentes delegaciones y subdelegaciones del Gobierno donde se habían solicitado estos permisos de residencia y constataron que ninguna de las jóvenes había realizado actividad laboral para la que había sido contratadas y que durante las fechas de los contratos estaban siendo explotadas sexualmente en varios pisos de Gipuzkoa.

Por todo ello, el pasado 5 de octubre se procedió a la detención de estos dos empresarios, que fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia.