El Boletín Oficial del País Vasco publicó el pasado 5 de setiembre un «anuncio del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, por el que se somete a información pública el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) para la actividad de fijación de CO2 para la valorización de residuos en eco-áridos, en el término municipal de Zierbena (Bizkaia)».

¿Qué significa eso? Pues que Petronor quiere recoger todas las cenizas y escorias de las incineradoras, elementos calificados como peligrosos, para trasformarlas en otro residuo, que todavía no tiene del Ministerio el calificativo correspondiente, y que después pretende que se pueda utilizar para meterlo en edificios a través de bloques de hormigón, baldosas, bordillos, mampostería, o en relleno de obras públicas.

Hay quien lo ve como un intento de coger los residuos de las incineradoras y meterlas debajo de la alfombra que, en este caso, sería todo el territorio, y todo ello sin saber –al menos todavía– qué características y peligrosidad tendría este «eco-arido» que saldría de la planta que Petronor pretende levantar en el Puerto de Bilbo, en el término municipal de Zierbena.

Residuos peligrosos

En la documentación remitida por Petronor al Departamento de Arantxa Tapia anuncia que pretende desarrollar «una actividad centrada en la fijación de CO2 para la valorización de residuos en eco-áridos», que enmarca dentro de la «economía circular».

La empresa señala que «gran parte de la materia prima (residuos) de la nueva planta procederá de instalaciones térmicas (incineradoras, etc.), consistiendo ésta en cenizas-escorias de incineradoras de RSU o instalaciones de combustión (APCr), principalmente». Explican que hay incineradoras trabajando todo el año a menos de 100 kilómetros de donde pretende instalar su planta. Y hay más en «Asturias, Cataluña, Madrid, Galicia, Zaragoza, etc». Hasta quince de los residuos que se pretenden llevar al Puerto de Bilbo tienen la calificación de «peligrosos», según se recoge por parte de la propia Petronor.

Esos residuos «serán transportados por carretera usando camiones cerrados tipo cisternas». Existe el riesgo de que se produzcan «emisiones al aire» de «partículas sólidas» en «la operación de carga-descarga de residuos en los silos de almacenamiento y al almacenamiento y manipulación de materiales pulverulentos».

Se explicita que, por ello, «la carga-descarga de residuos se realiza de manera automática desde el camión cisterna cerrado a los silos a través de una tubería de llenado. Está previsto que los silos se doten de filtros para captar y depurar las posibles emisiones difusas de polvo durante su carga de estas materias».

«Un nuevo material comercial»

Según Petronor, el objetivo del proceso «es fijar el CO2 generado en las instalaciones industriales de Petronor, para transformar un residuo generado en instalaciones térmicas de nuestro entorno en un nuevo material comercial». Así, se reduce el envío a vertederos de estos residuos de las incineradoras y, a la vez, la extracción de materiales de cantera.

¿Pero, cuál es ese nuevo material? Pues no se sabe. Lo que se ha publicado sin censura es que será un «ecoagregado (reciclado) que se va a utilizar en el sector de la construcción evitando la extracción de áridos naturales en canteras», por ejemplo en obras públicas, pero también en la elaboración de elementos prefabricados de hormigón, baldosas y mampostería».

Pero, por lo visto, Petronor no dispone todavía de los permisos necesarios, puesto que admite que «está trabajando en disponer la documentación que acredite el fin de la condición de residuo para el material producido de acuerdo al artículo 5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular». Y, además, ha pedido que no se publiquen los estudios técnicos que pueden acreditar la condición de residuo del producto que generará.

Lakua permite a la empresa no exhibir información trascendental

La solicitud de Autorización Ambiental Integrada y Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria realizada por Petronor pide que determinada documentación no sea sometida al proceso de información pública por el que la ciudadanía puede conocer el proyecto y presentar las alegaciones que considere oportunas.

El escrito de la empresa, en su punto quinto, señala que «se ruega que los anexos número 004_000, 007_000, 009_000 y 009_000 relativos a especificaciones técnicas de la tecnología y los equipos que la componen, así como los estudios técnicos para acreditar el fin de la condición de residuo para el material producido y Protocolo de aceptación de los residuos a tratar, se traten como ‘información confidencial’ por criterios técnicos y sensibles para los competidores».

Añade que «dicha información es secreta y solamente conocida por los trabajadores de la propia empresa por lo que se debe garantizar y asegurar la no distribución de la información confidencial citada».

Según la carátula, lo único accesible, el anexo 4 recoge el «protocolo de aceptación de residuos a tratar». En el anexo 7 figura la «relación de equipos principales». En el anexo 8 están las «especificaciones técnicas de la tecnología proporcionada por el tecnólogo». El anexo 9 es el del «Estudio técnico End of Weste». Y existe además un anexo 14 que es el del «Certificado de Confidencialidad».

Decisión no motivada

Fuentes especializadas en este tipo de procesos entienden que la falta de esta documentación trascendental para conocer el proyecto impide de hecho la materialización efectiva del derecho de información y participación ambiental del público, a fin de poder defender y garantizar el medio ambiente y la salud de las personas.

La legislación actual permite que se puede sacar del trámite de información pública aquellos datos de la solicitud que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, gocen de confidencialidad.

Pero, por un lado, Petronor debía haber hecho discriminación de qué datos concretos de dichos documentos reúnen dicha condición de confidencialidad, y justificar la legalidad de la calificación confidencial aportando algún tipo de criterio legal. Pero no lo ha hecho.

Y, después de eso, debería haber sido el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Arantxa Tapia, y en concreto su Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular, quien debería haber valorado la petición de Petronor, justificando a continuación de acuerdo a la ley su decisión discrecional de extraer documentación del proceso de información pública y con ello limitar los derechos subjetivos o intereses legítimos de los ciudadanos.

Por todo ello, hay quien ve cierta connivencia entre Petronor y el Departamento del Gobierno de Urkullu.