El grupo municipal de EH Bildu ha presentado una moción que se debatirá este jueves en el Pleno, en la que insta al Gobierno municipal a aumentar la oferta pública de vivienda en alquiler en la villa, como mínimo, en 1.335 viviendas durante el presente mandato, mediante su planificación, política presupuestaria y/o convenios institucionales.

El concejal Karlos Renedo ha explicado que, según los datos oficiales de Etxebide, 14.305 unidades convivenciales empadronadas en Bilbo solicitan actualmente una vivienda de alquiler público, demanda que ha ido creciendo constantemente en los últimos años.

No obstante, según ha dicho, estos datos contrastan con la oferta pública actual que es de 6.193 viviendas, de las cuales 4.141 pertenecen a Viviendas Municipales y 2.052 al Gobierno de Lakua a través de Bizigune, Alokabide o alquiler social.

«Planteamiento de mínimos»

Con el objetivo de poder responder a esta creciente demanda en un plazo medio de tiempo, a juicio de Renedo, es «necesario» fijar objetivos concretos de mandato.

De esta manera, EH Bildu Bilbo propone un aumento progresivo mínimo anual de un 5% del parque público de alquiler, que, según ha asegurado, supone un «planteamiento de mínimos, viable, necesario y ampliamente compartido tanto social como políticamente».

Renedo ha detallado que, de aprobarse y ejecutarse esta propuesta, Bilbo dispondría en 2027 de un parque público mínimo de alquiler en torno a las 7.500 viviendas, que, «si bien no satisfacen la demanda, nos acercan al objetivo de equilibrar la oferta pública y la necesidad de nuestra villa».

Para ello, según ha dicho, es «necesario» realizar una planificación mediante el correspondiente Plan de Vivienda, llevar a la práctica una política presupuestaria anual acorde con dicho objetivo e impulsar los convenios necesarios para adquirir vivienda vacía y/o realizar nuevas construcciones.

«Esta propuesta es acorde con el objetivo 8 de la Agenda Urbana 2030, así como con la nueva Ley de Vivienda estatal, que establece la necesidad de alcanzar en el plazo de 20 años, un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 20% respecto al total de hogares del municipio», ha concluido.