En el informe de año en que propone el reconocimiento como víctimas de violencia estatal a 66 personas, al que ha tenido acceso NAIZ, la Comisión de Valoración que analiza los casos alza la voz para denunciar varias cuestiones que están trabando el proceso: falta de medios oficiales y obstáculos judiciales, principalmente.

Tras el proceso de solicitudes concluido en diciembre de 2021, sobre su mesa de trabajo ha habido más de un millar de casos de los que faltan por resolver 540. Se da la circunstancia que la ley 12/2016 del Parlamento de Gasteiz indica que las solicitudes deben ser resueltas «en el plazo máximo de 24 meses, salvo que concurrieran circunstancias excepcionales». Pero ello resulta imposible con los actuales medios, denuncian. En tres años solo se han podido resolver positivamente 145 expedientes.

Incluso ponen fecha a los posibles retrasos: «Nos resulta inadmisible la posibilidad, muy real, de que nuestro trabajo tenga que prolongarse, en un cálculo basado en el ritmo hasta ahora mantenido, por espacio de otros 6 u 8 años, lo que nos llevaría al año 2030». En el camino hasta la fecha, recuerdan, se han sucedido obstáculos como las impugnaciones de la ley ante los tribunales y el intento de fraude con «peticiones claramente ajenas» (una campaña impulsada desde la Guardia Civil con 500 solicitudes falsas), además de la emergencia sanitaria por el covid.

Estos expertos alertan de que a este ritmo seguirán resolviendo hasta 2030, cuando la ley obliga a decidir sobre cada caso en dos años como tope

Otra traba sobrevenida proviene de los aparatos judiciales. La Comisión cita el caso de los hijos de un matrimonio fallecido por disparos policiales a los que se negó la documentación completa que demandaban al Juzgado. Y apunta acto seguido a que es un problema general: «Hay serias dificultades para obtener la información de expedientes relativos a juzgados y tribunales sitos en la CAV. Debemos manifestar nuestra preocupación sobre el hecho de que, si no hay mayor celeridad y celo en posibilitar el acceso, el trabajo de esta comisión puede verse perjudicado seriamente».

«Constatamos como especialmente obstativa la actitud de los archivos militares, de los que solo se ha podido obtener documentación en una de las peticiones cursadas hasta la fecha», añade el informe.

Su argumentación incluye una realidad obvia, teniendo en cuenta que algunos de estos casos ocurrieron hace ya casi medio siglo: «El tiempo corre en contra de muchas de las personas solicitantes».

Propuestas de solución

Tras su diagnóstico del problema, la Comisión de Valoración emplaza al Gobierno de Lakua a que «refuerce los medios» con que cuenta, para así ayudar a resolver una situación que «no es sostenible desde un punto de vista legal, pero tampoco ético o político».

Más en concreto, pide que se le dote de peritos forenses que puedan «en particular apoyar los casos de mayor complejidad y volumen de documentación»; que se le aporte «un apoyo ‘ad hoc’ para el análisis de los casos judicializados»; que se destine «más personal funcionario a dedicación completa a la Comisión»; y que se considere «el establecimiento de un mecanismo ágil de enlace para facilitar la cooperación e intercambio de información con la Administración de Justicia», incluyendo aquí un mecanismo de «interlocución eficaz y específica» con los juzgados, a través del Departamento de Justicia.

Reclaman reforma legal

Pero la Comisión va más allá de propuestas parciales y considera que lo procedente sería reformar la propia ley 12/2016. Y es que, además los retrasos y obstaculizaciones, «la redacción actual impide, para algunas personas reconocidas como víctimas, obtener los efectos apropiados de la norma».

Así, en lo referente a indemnizaciones, la Comisión de Valoración ve «urgente» corregir las tipologías en que las víctimas «o no pueden ser indemnizadas o bien lo son de forma irrisoria, indigna de tal nombre». Entre ellas están personas torturadas, que son la mayoría de las reconocidas este año (49 sobre 66): «Hay que derogar la imposibilidad de indemnizar en casos de malos tratos y torturas, y enriquecer y flexibilizar las posibilidades indemnizatorias en supuestos de lesiones, sean estas permanentes o no», reclama.

«Hay que derogar la imposibilidad de indemnizar en casos de malos tratos y torturas», indican, además de proponer otras modificaciones de la ley de 2016

Los miembros de la Comisión consideran que la reforma debería incluir también «la ampliación del ámbito temporal de la ley», «ajustes en la composición y funcionamiento del plenario» para facilitar su labor; «coordinar algunos de sus contenidos con la normativa autonómica y estatal de memoria histórica y democrática»; y «extender en el futuro su ámbito de actuación a otras violaciones diferentes a las relativas a la vida o la integridad».

También plantean una demanda que ya formuló la fundación Egiari Zor: abrir un nuevo plazo para solicitudes. De hecho, hay 64 presentadas fuera de plazo, correspondientes a personas que en general tomaron confianza en el proceso más tarde, tras los recelos iniciales que persisten en otros cientos y cientos de víctimas.

La Comisión está formada actualmente como titulares por Monika Hernando, Jon Mirena Landa, Sabino Ormazabal, Luis Sala, Juana Balmaseda, Peru Bazako, Paco Etxeberria, Benito Morentin, Víctor Verano, Ana Imaz y María Ángeles Sánchez Amado (a quienes se unen otros tantos suplentes). Todos ellos son reconocidos expertos en ámbitos ligados a los derechos humanos, la práctica judicial, la medicina forense, la psicología o la historia.