Los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y Ángeles Carmona solicitarán una reunión extraordinaria al presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, tras hacer pública una propuesta de declaración institucional que esperan que respalde el pleno del órgano de gobierno de la magistratura española.

En ella, califican la amnistía a independentistas catalanes –que terminaron de pactar el viernes noche el presidente español, Pedro Sánchez, y el catalán, Pere Aragonès– como una «medida de degradación, cuando no de abolición del Estado de Derecho en España» que «violenta la Constitución» y que producirá «inevitablemente« consecuencias «en perjuicio del interés general de España« y convertirá la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica «en una quimera».

En el documento se critica que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, justifique la amnistía como una medida por el «interés de España. Confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política».

«Beneficio personal y político»

«No es compatible con el principio de Estado de Derecho que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno», se lee en la propuesta de declaración institucional.

Los integrantes conservadores del CGPJ aseguran que la amnistía implica «generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos» y violenta la independencia de los tribunales, de manera que «las fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción judicial».

La sesión, ¿la próxima semana?

Una vez sellado este acuerdo sobre la amnistía, que era el principal escollo de todo el proceso, la sesión de investidura puede incluso convocarse a finales de esta próxima semana, en torno al jueves 9, según diversas filtraciones.

La previsión inicial era que el acuerdo se demorase más y no hubiera convocatoria hasta la siguiente. El plazo para que Sánchez sea reelegido –en caso contrario se llamaría a elecciones– concluye el 27 de noviembre.

En teoría al PSOE le queda cerrar acuerdos menores con fuerzas como PNV y BNG, pero el paso dado el jueves puede entenderse como el paso del Rubicón por parte del líder del PSOE. EH Bildu dejó claro este lunes, por boca de Arnaldo Otegi, que da el sí sin necesidad de negociaciones previas, tras haber remarcado que no tenía líneas rojas.