Más de cuatro décadas de persecución judicial por parte del Estado español parecen tocar a su fin para Jaione Jauregi, que ha sido excarcelada este jueves tras tres años en prisión preventiva, en la cárcel de Alcalá Mujeres. Estaba ahí desde noviembre de 2020, cuando el Estado español logró arrancar al belga su entrega, largamente perseguida.

🟢📢 Jaione Jauregi Espina preso politiko lezoarra aske geratu da. Alcalá-Mecoko espetxetik atera berri da. Belgikatik espainaratu zuten duela hiru urte eta geroztik preso prebentiboa izan da

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— Etxerat Elkartea (@EtxeratElkartea) November 3, 2023

La pasada semana, en la Audiencia Nacional se realizó la vista oral para valorar si procedía o no juzgarla por un atentado de ETA en 1981, hace ya 42 años. La defensa argumentó que esta acusación estaba prescrita, aunque la Fiscalía intentó sostener lo contrario. Era el enésimo intento de sentar a Jauregi en el banquillo, algunos de los cuales han topado con el rechazo de tribunales belgas y otros con falta de pruebas.

Este viernes la AN ha confirmado que el caso está prescrito, pese a lo cual se ha estirado la prisión preventiva tres años. En su auto, que puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, los magistrados citan la «ausencia de voluntad judicial instructora» durante años en el que no si dirigió imputación contra Jaione Jauregi.

Los magistrados declaran, por tanto, extinguida la responsabilidad penal de esta ciudadana vasca y acuerdan el archivo del caso y su libertad, aunque con medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salir del país, comparecencias ante el juzgado y designación de domicilio.

Antecedentes

Tras una ofensiva judicial intermitente en las últimas décadas, Madrid presionó fuerte en 2020 por la entrega de Jauregi, hasta conseguirla finalmente, aunque limitada por los tribunales belgas a algunos delitos concretos. Desde entonces, esta ciudadana vasca, natural de Lezo, ha pasado más de mil días en situación de prisión preventiva y en una cárcel de Madrid.

La situación de prisión preventiva fue renovada hace ahora un año, al cumplirse dos. La plataforma We Love Jaione, que ha respaldado su causa desde Gante, donde vivía, remarcó entonces que el único elemento de la acusación «es la declaración en marzo de 2022 de un testigo presencial sobre los hechos de 1981 que no reconoció a Jaione como uno de los autores del atentado».

Hasta 2020, los tribunales belgas se habían negado a entregar a Jaione Jauregi hasta en tres ocasiones, rechazando las euroórdenes que la Audiencia Nacional emitió en 2004, 2005 y 2015, al considerar que el Estado español podía violar sus derechos humanos.

El caso es muy representativo de la situación que atraviesan otros vascos exiliados a los que se impide volver a Euskal Herria pasadas varias décadas desde los hechos imputados. Habitualmente se hace con artimañas jurídicas para evitar la prescripción que establece la ley y que se aplica generalizadamente en cualquier otro supuesto delictivo.

El castigo del exilio

Jaione Jauregi, que tiene 65 años, había rehecho su vida completamente en Gante, donde tiene un círculo de amistades amplio, participa en actos públicos y ejerce una actividad profesional reconocida como cocinera, habiendo publicado incluso algunos libros. Llevaba viviendo en territorio del Estado belga 17 años, tras haber pasado antes por México y antes por Ipar Euskal Herria, de donde huyó por efecto de las acciones de los GAL.

En una entrevista telefónica a NAIZ desde la cárcel de Gante cuando apuraba las opciones de evitar la entrega, en otoño de 2020, Jauregi exponía que «no tengo ganas de correr ni tampoco tengo nada que esconder, yo solo busco la paz».

En aquel momento denunciaba que «en la petición de extradición pone que tienen reservada una celda para mí en Madrid. ¿Por qué me meten en la cárcel si ni siquiera me han juzgado todavía? No tienen pruebas, no me han juzgado y derecha a la cárcel, no entiendo».

En una reflexión más general sobre su trayectoria frente a la represión española, Jaione Jauregi lamentaba «no poder hacer nada al respecto. Me han puesto la etiqueta de ‘terrorista’ y eso les facilita todo. Y yo no tengo nada que decir ni que hacer (...) Tanto año de exilio es un castigo, aunque también ha aumentado mi percepción de las situaciones complicadas y he aprendido a buscar una solución a cada problema, porque vivir en el exilio supone tener que encontrar una solución en cada momento. He conocido personas maravillosas en mayúscula y juntos hemos aprendido a sobrellevar el exilio. Estoy muy decepcionada y desilusionada con el Gobierno belga».