El giro de Alemania hacia la derecha ya no tiene a la neofascista Alternativa para Alemania (AfD) como epicentro sino se ve impulsado por la actitud del gobierno de coalición del canciller Scholz. Sus integrantes –el SPD, los Verdes y los liberales del FDP– acaban de acordar un proyecto de ley que al menos agilizará las deportaciones de algunos extranjeros al que el Estado alemán niega el asilo.

En Berlín, la ministro federal de Interior, Nancy Faeser (SPD), presentó el paquete de medidas que ante todo responde al hecho de que la cuestión inmigratoria domina la política en Alemania. Su eficiencia, si es que pase por las dos cámaras del Parlamento, da lugar a dudas.

«Con este borrador cuidamos de que las personas sin derecho de estancia tengan que abandonar más rápidamente nuestro país. Así reforzamos el apoyo social a la acogida de refugiados en Alemania», anunció la política, que recientemente perdió unas electorales regionales. Sus medidas incluyen por un lado la extensión de la detención administrativa de los que  van a ser expulsados de 10 a 28 días o la eliminación de la necesidad de informar de antemano de una deportación, para evitar que los afectados se escondan. Por la misma razón se daría el derecho a la policía de registrar todas las habitaciones de un centro de acogida cuando practica una deportación. En la misma comparecencia, Faeser declaró que «quien no tiene derecho de estancia debe abandonar de nuevo nuestro país. El número de devoluciones este año ya es un 27% superior al del mismo periodo del año anterior, pero sigue habiendo necesidad de cambios».

Los números dicen otra cosa. Sin contabilizar el millón de refugiados ucranianos, en 2022 unas 244.000 personas pidieron asilo en Alemania, 54.000 más que en 2021. La cifra queda lejos de las 746.000 de 2016 y las 447.000 de 2015. Entonces la canciller Angela Merkel abrió las fronteras para evitar una tragedia humana en el este de la UE diciendo que «lo vamos a conseguir».

Unos 73.000 de los recién llegados son de Siria, 41.000 de Afganistán. Todos ellos cuentan con una probabilidad del 86% y 77%, respectivamente, de que Berlín les conceda el asilo. El mismo porcentaje se puede aplicar a las personas provenientes de Eritrea y Somalia que con pocos miles de peticionarios cierran la lista.

El año pasado Alemania deportó a casi 13.000 personas, de las cuales el 30% fue devuelto a otros países de la UE; además unos 7.900 regresaron voluntariamente a sus países de origen. Para el primer semestre se practicaron más de 7.800 deportaciones, entre ellas más de 2.400 a estados miembro de la UE. Sin embargo, el Ministerio federal de Interior calcula que unos 50.000 extranjeros tendrían que dejar Alemania porque carecen de la correspondiente autorización.

Faeser prometió además «la máxima lucha contra el tráfico de personas criminal y sin escrúpulos». Según la Policía Federal (BKA), sirios y alemanes encabezan los grupos de contrabandistas detenidos, a los que por ley no se les puede deportar. La ministra anunció que se prolongarían los controles móviles en las fronteras con Polonia, Chequia y Suiza. La semana que viene empezaría a negociar los acuerdos de repatriación, empezando con Marruecos.

El proyecto sigue a las declaraciones de Scholz en una entrevista con el seminario “Der Spiegel”. «Debemos deportar de una vez a gran escala a quienes no tienen derecho a permanecer en Alemania», dijo, levantando ampollas tanto en la organización de jovenes del SPD como también en la de los Verdes.

Se trata de una reacción, en el fondo, a la situación en los municipios que han de acoger a los refugiados. La AfD se aprovecha de los problemas porque quiere acabar con el llamado «paraíso de asilo». Su discurso xenófobo hace mella –sobre todo en la CDU–. Después de que su presidente Friedrich Merz provocara con comentarios racistas, su correligionario Jens Spahn ha ido aún más lejos diciendo que «¡si es necesario, hay que utilizar la fuerza física para detener los movimientos migratorios irregulares!». Poco dista verbalmente de la AfD, que en 2016 propuso a disparar a los refugiados que llegaban a las fronteras alemanas. En el otro extremo del espectro político, también la escisión del partido Die Linke, la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), habla de la «inmigración incontrolada» a la que quiere hacer frente con una política exterior diferente que la actual.