«El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», dice la declaración institucional aprobada este lunes.

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, la declaración finalmente ha salido adelante con los votos de sus 8 promotores –los vocales «conservadores» Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Angeles Carmona– más el de su compañero Wenceslao Olea, también del bloque «conservador». Aunque solo hacían falta 8 votos, han conseguido sumar a Olea modificando el texto original.

El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte –también en la órbita «conservadora»–, ha optado por votar en blanco.

En su caso, redactará una explicación de voto donde evidenciará que no está de acuerdo con la amnistía pero que cree conveniente esperar a que haya una proposición de ley para que el CGPJ se pronuncie oficialmente.

Por su parte, los 5 vocales «progresistas» que han asistido al Pleno han votado en contra. El sexto integrante de este bloque, Álvaro Cuesta, no ha acudido al cónclave al considerar que era «manifiestamente ilegal» porque su finalidad es contraria «al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales» del CGPJ.

Su ausencia ha allanado la aprobación de la declaración institucional, ya que la ha hecho posible únicamente con los votos de los 8 promotores. De haber acudido, habrían sido necesarios al menos 9.

Es la primera vez que el CGPJ se posiciona de manera oficial sobre la futura amnistía. Y lo hace sin que aún se conozca un texto detallado. De hecho, la principal crítica de los vocales «progresistas» es que ni siquiera hay una proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados.

Desde el ala «progresista» subrayan que hasta ahora el CPGJ solo se había pronunciado con un texto registrado en el Congreso. Y, además, recuerdan que el Consejo solo tiene competencias para hacer informes sobre anteproyectos de ley y no tiene control alguno sobre las iniciativas y pactos de los grupos parlamentarios.