El PSOE y Junts han dejado atrás las prisas por intentar que el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español fuera esta misma semana y ya apuntan a la siguiente. Aunque las negociaciones para alcanzar el acuerdo necesario continúan sin pausa en Bruselas, parece que ambas partes abogan por la discreción y solo marcan como fecha límite el 27 de noviembre, día en que si no se ha elegido jefe del Ejecutivo se disolverá el Congreso y se convocarán elecciones generales para el 14 de enero.

Tras siete días de intensas negociaciones, las conversaciones entre PSOE y Junts continuaron ayer en la capital belga, donde permanecen junto al expresident Carles Puigdemont varios miembros de la cúpula de su partido, y el Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Precisamente, fuentes del equipo negociador del PSOE aseguraron ayer a TVE que se encuentran en un «momento clave» y auguraron que es «altamente probable» que el acuerdo que facilite la investidura de Sánchez se alcance durante la próxima semana. Así, desde el PSOE señalaron que trabajan en una ley de amnistía «impecable y sin fisuras» que pase el aval del Tribunal Constitucional tras el recurso que ya ultiman PP y Vox.

Aunque no se ha divulgado demasiada información sobre los avances de un texto que requiere la revisión de asesores legales de uno y otro partido, las cuestiones técnicas respecto al alcance de la amnistía parecen haber ralentizado el acuerdo. Junts insiste en aumentar el perímetro de aplicación de la futura ley de amnistía para incluir los casos que el partido considera lawfare. Todo ello entre sabotajes policiales y judiciales como la imputación del expresident y de Marta Rovira en el caso de Tsunami Democràtic, la apertura de juicio contra miembros de los CDR y la revuelta de los vocales del Consejo General del Poder Judicial designados por el PP contra la amnistía.

Protestas en Ferraz

A pesar de las negociaciones y el boicot judicial, son las protestas ultras en la calle Ferraz de Madrid las que acaparan todos los focos. Ayer nuevamente centenares de manifestantes se concentraron frente a la sede del PSOE para protestar por la amnistía y presionar para evitar un nuevo Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar apoyado por las fuerzas independentistas.

Se trató de una nueva jornada de protestas después de que el martes se congregaran 7.000 personas –según la Delegación del Gobierno– y provocaran incidentes con la Policía española, que previamente había custodiado a los manifestantes ultras mientras cortaban el tráfico en Gran Vía.
Tras los incidentes del martes, Sánchez acudió ayer a la sede de Ferraz para mostrar su apoyo a los trabajadores del PSOE que se encuentran en todas las sedes del país, donde subrayó la necesidad de que salga adelante el pacto de investidura y haya un nuevo Ejecutivo liderado por su partido.

El PP, por su parte, se desvinculó de los actos violentos que tuvieron lugar en las protestas que el mismo partido alentó por boca de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que reclamó detener a los ultras que se enfrentaron con la Policía. Unas declaraciones que pillaron con el pie cambiado a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que no tuvo más remedio que condenar los disturbios aunque optó por poner el foco en el PSOE, al denunciar que es Sánchez el responsable de una «aberración», la amnistía, que no tiene el «consentimiento» de los españoles.

Incluso Iñigo Urkullu hizo un llamamiento a «desconvocar la oleada de protestas que están sirviendo de excusa para seguir generando odio, rencor y violencia», una violencia que se debe «condenar sin medias tintas», según el lehendakari de la CAV.  

Piden apartar a García Castellón

El editor Oriol Soler, investigado en la causa de Tsunami Democràtic, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional española Manuel García Castellón que se aparte del caso al considerar que ha perdido la imparcialidad para investigar el caso por sus palabras contra la amnistía en una conferencia celebrada en el marco del Foro la Región de Ourense, que tuvo lugar el pasado 5 de octubre.

«Yo únicamente, como ciudadano, puedo decir dos cosas. Uno: que (en) la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos: estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por lo tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?», señaló el juez.

Para la defensa de Soler, se trata de «opiniones y puntos de vista personales» sobre la amnistía que «implican una toma de posición que compromete de manera irremediable la imparcialidad debida de todo magistrado».

Según la defensa, las palabras del juez, encargado de instruir otras causas en las que se han realizaddo macrooperaciones contra integrantes de grupos independentistas, «evidencian de manera clara» su «animadversión y rechazo» al movimiento independentista catalán. «Desnudando públicamente sus legítimas opiniones contrarias a la amnistía, ha condenado irremediablemente su imparcialidad», apostilla el escrito redactado por la defensa de Soler, que ejerce el abogado Benet Salellas.

Europa

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, pidió ayer información «detallada»  al Gobierno español en funciones sobre la ley de amnistía que están negociando PSOE y Junts para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Ultras en Madrid

«España unida jamás será vencida», «Pedro Sánchez dimisión», «No es un presidente, es un delincuente», «España está que arde» y «España una y no 51» fueron las consignas que corearon ayer los manifestantes frente a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz.

Bruselas

A última hora de la tarde de ayer, una concentración de una veintena de personas encabezada por el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch se congregó frente al hotel en el que se encuentra Santos Cerdán al grito de «Puigdemont a prisión».

Y Euskal Herria

La dirección del PP de Bizkaia anunció ayer que estará presente en el acto de protesta que se celebrará este domingo en la bilbaina plaza Moyua contra la amnistía para denunciar la «deriva a la que está conduciendo España el presidente del Gobierno».